El Gobierno y el PSOE proponen un pacto contra la amenaza integrista
El juez Del Olmo pide la declaración de los agentes que trataron con los confidentes del 11-M
El PSOE y el Gobierno pretenden que una de las principales conclusiones de la comisión de investigación del 11-M, que ha interrogado durante un mes a mandos de la policía y de la Guardia Civil, a dirigentes del Gobierno y de la oposición, a miembros de la judicatura y a expertos en islamismo, sea la puesta en marcha de un nuevo pacto de Estado contra el terrorismo de origen islamista entre todas las fuerzas políticas. El PNV reclamó en el Congreso que se elimine el preámbulo del Pacto Antiterrorista vigente que firmaron los dos grandes partidos y el Gobierno.
Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del Grupo Socialista, y José Antonio Alonso, ministro del Interior, aclararon que ese nuevo pacto no anulará el ahora firmado entre socialistas y populares contra el terrorismo etarra, y pretende unir a todas las fuerzas parlamentarias "contra el terrorismo internacional".
Rubalcaba anunció que su grupo hará "propuestas concretas" en este sentido "en el proceso de elaboración de las conclusiones de los trabajos de la comisión". Dicho proceso arrancará el 7 de septiembre cuando los grupos parlamentarios vuelvan de las vacaciones con su propuesta de conclusiones debajo del brazo. El ministro Alonso insistió en la necesidad de lograr ese acuerdo amplio entre todas las fuerzas parlamentarias para combatir el terrorismo de origen islamista.
El portavoz de CiU, Josep Lluís Guinart, le preguntó al ministro si el Gobierno estaba pensando ampliar el actual pacto, firmado entre PP y PSOE contra ETA, a todos los grupos o firmar uno específico contra la amenaza islamista. Alonso contestó: "Hace unos días de lo que hablé no fue de ampliar el actual Pacto Antiterrorista sino de hacer un pacto antiterrorista específico en materia de terrorismo islámico y construido a partir de dos códigos políticos claros: el consenso entre todos los partidos democráticos y dejar claramente establecido en su texto que, en ningún caso, nos someteremos al chantaje de organizaciones terroristas".
El titular de Interior defendió esta propuesta con el argumento de que esas dos condiciones "con independencia de ideologías o posiciones políticas partidarias" deberían poder ser asumidas "por todo el mundo".
El ruego del PNV
Sólo la portavoz del PNV, Margarita Uria, puso un pero a esta propuesta del Gobierno y del PSOE. Lo hizo en forma de "ruego". Uria aseguró que al PNV "le gustaría más que esto supusiese la modificación del actualmente existente como Pacto Antiterrorista, firmado sólo por dos formaciones políticas, si bien son la que gobierna y la mayoritaria".
El preámbulo del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo fue criticado por el PNV porque vincula la incorporación del nacionalismo vasco al consenso antiterrorista a que éste rompa con la estrategia de Estella, entendida como "la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco".
[El juez Del Olmo pidió ayer a la comisión del 11-M que le envíe la declaración de los dos guardias civiles y del agente de policía que tuvieron relación con el ex minero Emilio Trashorras y Rafá Zouhier].
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