El Tribunal de Cuentas denuncia ilegalidades de las sociedades públicas

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, TVCP, concluye en su informe de legalidad de las Sociedades públicas referido al año 2000 que de las trece sociedades estudiadas, en todas ellas se han cometido ilegalidades a la hora de adquirir bienes y servicios, y a la hora de contratar a personal.

Las sociedades que son objeto de este informe son aquellas en las que entre el conjunto de las administraciones públicas vascas, Gobierno vasco, Diputaciones forales y entidades locales, poseen directa o indirectamente más de un 50% del capital, sin que ninguna administración en concreto supere esta participación. En el año 2000 existían 41 sociedades que cumplían esta condición.

Según el TVCP en esas sociedades es preceptivo que los contratos de adquisición de bienes y servicios se hagan cumpliendo el principio de publicidad y concurrencia, y no mediante solicitudes limitadas de ofertas, como ha sucedido en la mayoría de los casos.

El informe del TVCP pone de manifiesto la condición de públicas de esta sociedades y la falta de información sobre las mismas provocada por la ausencia de una administración que deba incluirlas en sus cuentas generales.

Igualmente, el informe deja claro que para estas sociedades es aplicable la misma normativa que para el resto de sociedades públicas, debiéndose respetar los principios de publicidad y concurrencia en la ejecución de obras y en la adquisición de bienes y servicios, y de mérito y capacidad para la contratación de personal, además de aplicarlos preceptos legales concretos que determinen la naturaleza o importe de las operaciones.

Real Sociedad

El Tribunal de Cuentas decidió también en el pleno de ayer aceptar el recurso presentado por la Diputación de Guipúzcoa contra la conclusión de su informe definitivo de la Cuenta Pública de Guipúzcoa del 2002, que observa irregularidades graves en la concesión de ayuda de 9 millones de euros a la Real Sociedad de Fútbol. El ente foral guipuzcoano presentó el recurso de reposición el 14 de julio, al tener conocimiento oficioso de que el informe definitivo del Tribunal había agravado el reproche que se contenía en el informe provisional que no había sido recurrido.

Teniendo en cuenta esta modificación, el Tribunal ha aceptado estudiar el recurso en el que la diputación defiende, en virtud de las leyes forales, que el consejo de diputados es competente para conceder ayudas.