El Parlamento Europeo obliga a Bruselas a revisar el apoyo financiero al trasvase Júcar-Vinalopó

El primer informe que adopta el nuevo Parlamento Europeo tras las elecciones del 13 de junio supone un serio rapapolvo a la política urbanística y de aguas del PP español. La Comisión de Peticiones de la Eurocámara, así llamada porque recoge las quejas de los ciudadanos, aprobó ayer por aplastante mayoría, sólo en contra de los tres votos de tres eurodiputados populares españoles, un demoledor informe contra la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) valenciana y otro que obliga a la Comisión Europea a revisar la financiación comunitaria que otorgó al trasvase Júcar-Vinalopó.

La adopción de sendos informes se tomó tras un acalorado debate en el que diversos eurodiputados tacharon la LRAU de "ley antieuropea, antiecológica e indigna" y hasta hicieron un llamamiento a todos los ciudadanos europeos para no hacer inversiones inmobiliarias en la Comunidad Valenciana mientras se mantenga una situación que consideran de "inseguridad jurídica" en la que "no se respeta ni siquiera el derecho a la propiedad" y se deja vía libre a la especulación y la corrupción.

Aunque el grueso de la reunión se dedicó a debatir sobre los abusos que, según el informe parlamentario, ha facilitado la controvertida ley urbanística, lo cierto es que jurídicamente tiene más calado la aprobación del relativo al trasvase porque obliga expresamente a Bruselas a revisar su decisión de otorgar 80 millones de euros de fondos europeos para costear las obras. "Si los datos del nuevo Gobierno español son distintos a los que nos aportaron en su momento", explica un funcionario de la Comisión, "y vemos que no se cumplen las condiciones bajo las cuales se otorgaron los fondos, estaríamos obligados a emitir un informe negativo".

Entre las condiciones impuestas por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para sufragar las obras con fondos europeos se encuentran la de no utilizar agua del Ebro y la de mantener un caudal ecológico en la cuenca cedente. Un portavoz de la Comisión explicó a los eurodiputados que el proyecto no parece vulnerar ninguna de las directivas medioambientales europeas, si bien utilizaba los datos oficiales que España había enviado antes del cambio de Gobierno en Madrid.El eurodiputado verde por Valencia, David Hammerstein denunció el hecho de que las obras ya hayan comenzado sin haber dilucidado primero si se cumplen las condiciones impuestas por el BEI. "Los viejos datos no son ciertos", dijo Hammerstein. "No hay agua suficiente para el trasvase. Estas obras ya iniciadas son un despilfarro a costa del contribuyente".

La eurodiputada del PP Cristina Gutiérrez-Cortines defendió el proyecto asegurando que no se hace para fomentar el turismo, sino para surtir de agua a los acuíferos desecados de la zona, lo que en parte contradijo después el representante de la Generalitat añadiendo que el agua se usará también para el abastecimiento urbano.

Pero Gutiérrez-Cortines y sus dos correligionarios Carlos Iturgaiz y José Manuel García Margallo se quedaron solos en el rechazo de ambos informes. Ni siquiera sus compañeros de filas de otros países votaron con ellos. "No me veo en condiciones de decidir aquí", dijo el popular Rainer Wieland. "El PPE [Partido Popular Europeo] necesita un debate más profundo".

Wieland se refería fundamentalmente al informe relativo a la LRAU, que describe los supuestos abusos de los que han sido objeto miles de ciudadanos a los que se les ha expropiado terreno en ocasiones para construir chalés de lujo en lo que el informe parlamentario denomina "vulneración grave de los derechos más elementales de muchos miles de ciudadanos europeos".

Este informe, como el anterior, ha sido elaborado por un pequeño grupo de eurodiputados que en mayo, y enviados por la Eurocámara anterior, visitó la zona y se entrevistó con afectados, expertos y autoridades. Fue en relación con este asunto en el que la ex eurodiputada Margot Kesler, que ha participado en la investigación, hizo el llamamiento a no invertir en la Comunidad Valenciana. "Ha habido demasiados abusos y clara corrupción en aplicación de la ley", dijo la liberal británica Sarah Ludford. "Creí que la gente exageraba hasta que fui a verlo por mí mismo", explicó el conservador británico Daniel Hannan. "Conocí historias que ponen los pelos de punta".

En representación de la Generalitat valenciana, el jefe de servicio Fernando Ricard dijo que la LRAU es plenamente constitucional, que es una buena ley que intenta ordenar el urbanismo y que con ella se intentó siempre frenar la especulación porque había mucho suelo rústico donde se ha edificado ilegalmente. Ricard explicó que si la norma se está cambiando es para garantizar mejor los derechos de los propietarios y tildó de "problemas puntuales" y "desviaciones a resolver" los abusos que describe el informe parlamentario.

Catorce votos contra tres impusieron que se adoptaran los dos informes. Los socialistas se abstuvieron porque consideraron que, tácticamente, era mejor seguir debatiendo el tema para mantenerlo candente en el Parlamento Europeo. A pesar de los aplausos y la emoción de las organizaciones ecologistas, asociaciones de vecinos de afectados ahí presentes, el socialista Joan Calabuig recordó que con la adopción del informe sobre la LRAU se cierra el asunto en la Eurocámara.