El municipio cobró dos meses el servicio de parquímetros que aún no prestaba

El Ayuntamiento amplió el servicio de aparcamiento por parquímetros el pasado 1 de junio en 44.719 plazas, 34.780 de ellas para residentes. Pero los vecinos que compraron entonces su tarjeta de residente para aparcar en esas plazas tuvieron que pagar también los dos meses anteriores, abril y mayo, cuando aún no se podían usar. La concejalía alega que en esos meses ya estaban señalizadas las calles y colocados los parquímetros, aunque no en funcionamiento. Esos 60 días de cobro de un servicio no prestado reportaron al Ayuntamiento un ingreso de 125.200 euros.

Las ordenanzas del Ayuntamiento dicen que las tarjetas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) para residentes -las plazas pintadas de verde- se tienen que cobrar, cuando no se haga anualmente (entonces cuesta 22,40 euros), por trimestres enteros (5,60 euros).

Así explican los responsables del departamento municipal de Movilidad por qué se les cobró todo el trimestre -y no sólo el mes de junio- por su tarjeta de aparcamiento a los vecinos de los 13 barrios a los que se amplió el SER el pasado 1 de junio: Cuatro Caminos, Castillejos, Ríos Rosas, Vallehermoso, El Viso, Hispanoamérica, Nueva España, Palos de la Frontera, Atocha, Pacífico, Niño Jesús, la Guindalera y Palacio. En total, 34.780 nuevas plazas para residentes y 9.939 para visitantes (las azules). En el conjunto de Madrid hay ya 87.809 plazas reguladas por parquímetros.

Y así se lo explicó el jefe del departamento, en una carta fechada el pasado 28 de junio, a María José Hernández, que reclamaba los 3,6 euros de más que le habían cobrado por su tarjeta de residente en el barrio de Cuatro Caminos. El primer argumento del Ayuntamiento es que, según la ordenanza, tiene que cobrar el trimestre completo. Pero, además, la carta aclara a la vecina que no puede reclamar esos 3,6 euros porque, "si bien la efectiva vigilancia del estacionamiento se produjo el 1 de junio, el servicio en sí se inició en los meses de abril y mayo, mediante la señalización de las plazas de estacionamiento, por colores, y la instalación de los aparatos parquímetros". "Me cobran porque las plazas ya estaban pintadas", protesta María José.

Ella había presentado por escrito una queja, y en la respuesta del Consistorio se desestima "el recurso de reposición", por lo que la única posibilidad que le queda ahora es presentar un recurso contencioso-administrativo. Este procedimiento "cuesta dinero", señala María José, "al menos 30 euros. Nadie se va a gastar 30 euros para recuperar tres". Asimismo, asegura que se le ha negado la posibilidad de presentar alegaciones contra la respuesta del Ayuntamiento.

Un "sobreprecio"

Desde el pasado 1 de junio, las cartas de vecinos indignados por este "sobreprecio" no han dejado de llegar a este periódico. Casi todos coinciden en señalar que, si bien significa una pequeña cantidad para cada uno de ellos individualmente, si se multiplican esos 3,6 euros por las 34.780 nuevas plazas que se pusieron a disposición de los residentes el pasado 1 de junio la cifra se dispara hasta los 125.200 euros, casi 21 millones de pesetas.

Desde el departamento de Movilidad, perteneciente a la Concejalía de Seguridad y Servicios a la Comunidad, volvieron a ratificar ayer las explicaciones del jefe del departamento administrativo y, en cuanto al dinero, aseguran que ésa es una cuestión de la Concejalía de Hacienda. Un portavoz de esta otra concejalía vuelve a ser tajante: "No existe ninguna posibilidad de devolverles el dinero", dice. Y habla de otras fórmulas para compensar a los usuarios, sin precisarlas.

Tampoco se da a los residentes la posibilidad de que ese dinero les sea descontado de la cuota de la tarjeta para posteriores trimestres o del año próximo, como sugería otro vecino, de la zona de Tetuán, que recibió una respuesta similar a la de María José Hernández.

En definitiva, ni devolución ni descuento, a no ser que lleven el asunto a los tribunales y ganen el pleito. Hoy por hoy, el tiempo mínimo que tarda la justicia en resolver un contencioso-administrativo con recurso son tres años. Y, por otro lado, el cálculo de María José de 30 euros de gasto es bastante optimista: si van pasando los años y los pleitos, las costas de los abogados pueden ascender hasta los 1.200 euros.

Teniendo en cuenta todo ello, las posibilidades de que el enfado de los damnificados llegue al punto de que se metan en todos estos líos para recuperar 3,6 euros son, realmente, muy pequeñas. Pero, por lo menos, les gustaría "saber a qué va a dedicar ese dinero el alcalde".