El Gobierno y la Generalitat acuerdan retirar 12 recursos de inconstitucionalidad
El Ejecutivo cede a los presidentes autonómicos la organización de la Conferencia
La distensión entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña continúa. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el consejero de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Generalitat, Joan Saura, materializaron ayer la retirada de 12 recursos de inconstitucionalidad interpuestos entre ambas administraciones, en la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Generalitat, que no se reunía desde 2001. Entre los recursos retirados figura la regulación de las oficinas de la Generalitat en el extranjero y la primera ley del Código Civil de Cataluña.
Sólo un día después de la entrevista del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, el Ejecutivo central y el de Cataluña acordaron la retirada de cinco recursos ante el Tribunal Constitucional interpuestos por el Estado contra la Generalitat. Además de la regulación de oficinas de la Generalitat en el extranjero y la primera ley del Código Civil de Cataluña, figuran la ley de derechos reales de garantía, la de la accesión y la ocupación, y el decreto de nombramiento de secretarios judiciales.
Los recursos contra la Administración central retirados por la Generalitat catalana son siete. Figuran, entre otros, el dirigido contra el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades y el dirigido contra los procedimientos de selección para el ingreso de los estudiantes en los centros universitarios.
Hasta la reunión de ayer, había en total 72 recursos interpuestos por el Gobierno central contra acuerdos de la Generalitat, y de ésta contra el Ejecutivo de la nación. Desde la llegada de Zapatero a La Moncloa, han sido retirados 30 recursos contra decisiones de los gobiernos de Cataluña, Andalucía, País Vasco y Asturias.
Nueva etapa de diálogo
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, destacó "la nueva concepción de la gobernabilidad de España" por parte del Gabinete de Zapatero. Sevilla insistió en que se ha abierto "una nueva etapa de diálogo", y anunció que en septiembre se reunirá la Comisión Mixta de Transferencias con Cataluña para concretar el traspaso de algunas competencias.
El conseller de la Generalitat Joan Saura expresó la "satisfacción" en nombre del Gobierno tripartito de Cataluña no sólo por la retirada de recursos sino porque "hoy se inicia un camino de voluntad colaboración y cooperación".
Asimismo, el ministro de Administraciones Públicas envió ayer a todos los presidentes autonómicos un documento para la preparación de la primera reunión de la Conferencia de presidentes, que Rodríguez Zapatero planea convocar antes de fin de año. En la carta que acompaña al documento, el ministro propone una reunión preparatoria de la Conferencia con los presidentes en septiembre.
El documento deja en manos de los presidentes autonómicos la configuración de la Conferencia de Presidentes como órgano de cooperación exclusivamente vertical -con participación del Gobierno central y los autonómicos- o también de carácter horizontal, con presencia exclusivamente autonómica en parte de sus sesiones.
También plantea a los presidentes autonómicos que debatan sobre la conveniencia de que la Conferencia sea regulada mediante una norma estatal o que sea fruto de otro instrumento de cooperación, como pudiera ser un acuerdo de institucionalización. El documento deja también en manos de los presidentes autonómicos la decisión sobre la composición y organización interna de la Conferencia de Presidentes, sobre quiénes tienen la condición de miembros de la misma y la posibilidad de que otras autoridades puedan participar excepcionalmente en sus reuniones. También tendrán que delimitar su ámbito propio de trabajo, y concretar su vinculación con los temas o cuestiones de Estado. En esa misma dirección, los presidentes autonómicos tendrán que delimitar el papel de la Conferencia de Presidentes, centrado en las decisiones estatales de más calado, respecto de las 27 conferencias sectoriales que tendrán un tratamiento más especializado.
Por otra parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, rechazó ayer la propuesta del presidente de la Generalitat catalana, Pasqual Maragall, de que la Constitución reconozca las nacionalidades en su reforma.
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