Ferrys se ve obligada a presentar la quiebra abierta al no poder atender pagos con sus acreedores

La comisión de vigilancia del convenio de acreedores creada tras la suspensión de pagos presentada por Ferrys en los noventa forzó ayer a la textil, con la que se reunió en Barcelona, a optar entre la liquidación, por la que apostaba al principio, o la quiebra abierta, que permite a la empresa continuar trabajando. Ferrys formalizará el expediente de quiebra abierta. Esta disyuntiva obedece a la incertidumbre creada en torno a Ferrys en los últimos días. El martes el IVF (Instituto Valenciano de Finanzas) aprobó el préstamo de seis millones, aunque condicionó su entrega a la formalización del aplazamiento de la deuda que la firma tiene con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el Fogasa (18 millones de euros), y a que el Ayuntamiento de Canals aprobara la recalificación de los terrenos donde está la firma para su venta.

Fuentes sindicales recordaban que el compromiso de conceder este préstamo se tomó en 2002 y que se tenía que haber concretado a principios de año. Al no ocurrir, la empresa no ha podido atender algunas deudas con acreedores.

La declaración de quiebra abierta obliga a Ferrys a presentar un plan de viabilidad en el plazo de tres meses. Una vez que el juez admita a trámite el expediente se nombrará un comisario encargado de vigilar la evolución de la empresa y Ferrys, además, deberá negociar de nuevo su deuda.

"Lo que hemos estado intentando evitar, lo tenemos ahí", dijo Juan Pedro García, de la ejecutiva de CC OO-PV. El sindicalista se preguntó si el Consell está usando a Ferrys en la pugna con el Gobierno. El secretario de Acción Sindical de FIA-UGT-PV, Carlos Rodríguez, criticó que "el daño desde la Administración valenciana ya está hecho y cuanto más tarden [en concretar el préstamo] más daño". El secretario general del SI, Fermín Palacios, explicó que entiende la decisión como "la única medida que va a permitir sacar a Ferrys del marasmo en el que está", ya que va a poder negociar con las tres administraciones. Palacios cree que la nota hecha pública ayer por el Ministerio de Trabajo -en la que lamentaba la posición del IVF y recordaba su compromiso- baste para que se dé luz verde definitiva al préstamo.

Por la tarde, la plantilla (600 personas) se reunió en Asamblea. En el personal había indignación y cansancio. Hoy se concentrarán en la Generalitat.