Archivada la causa contra Fabra por presunto delito contra la salud

La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha archivado la causa por la que se investigaba al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por un presunto delito contra la salud pública y otro contra la propiedad industrial. El procedimiento se abrió, de oficio, tras las querellas presentadas por el empresario Vicente Vilar, que le denunció por la fabricación de productos "tóxicos y peligrosos". Vilar aseguró que Artemis 2000, empresa que comparten su ex mujer, Monserrat Vives, y la esposa de Fabra, Amparo Fernández, fabricaba productos fitosanitarios sin la correspondiente autorización, lo que entrañaba, según alegó, un peligro para la salud pública. La juez considera, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano, que esos herbicidas, insecticidas y fungicidas se encuentran dentro de la ley. La magistrada solicitó al Ministerio de Agricultura informes sobre la supuesta toxicidad de los productos, de los que se deduce que no constituyen un riesgo para la salud pública, según las mismas fuentes, por lo que la juez ha estimado que no existe infracción penal. Vilar señaló a Fabra como implicado al considerar que, pese a que es su esposa la titular de la empresa, el presidente de la Diputación era quien manejaba la sociedad. Junto a él, se investigaba a otras ocho personas. Respecto al presunto delito contra la propiedad industrial, la juez ha comunicado a los implicados que, al tratarse de un conflicto por la titularidad de productos, debe ser dirimido por la vía civil.

Con el archivo de esta causa, los juzgados de Nules mantienen abierto un procedimiento contra Carlos Fabra por la comisión de uno o varios presuntos delitos contra la Administración pública, entre los que se encuentran el tráfico de influencias y el cohecho. Esta causa se abrió también de oficio tras la querella presentada por el mismo empresario, que acusó al presidente de la Diputación de Castellón de cobrar "cantidades millonarias" por gestiones realizadas ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para intentar agilizar la autorización de fabricación de productos sanitarios. La fiscalía anticorrupción ha asumido el caso, en el que la UCE ejerce la acción popular.