Prisiones y rehabilitación

Hace un par de meses se vivió un violento motín en el centro penitenciario de Quatre Camins. Un centenar de internos hicieron suyo el módulo 1, hirieron gravemente a un subdirector y retuvieron por la fuerza a un funcionario durante cinco horas.

Pasados unos días se vio claramente que aquello no fue un motín, fue un gravísimo incidente criminal provocado por unos pocos internos muy conflictivos.

Las razones que motivaron el grave incidente aún hoy no están claras, y desde entonces los responsables de Justicia intentan desviar la atención, ya sea hablando de la masificación en los centros, o de la falta de preparación de los funcionarios, o de los supuestos malos tratos a algunos presos. Esto ha dado una imagen sesgada de la realidad penitenciaria. Algunos han opinado sobre el asunto a través de los medios de comunicación y han puesto en tela de juicio la actuación de unos funcionarios a los que, por cierto, ni se ha tomado declaración. Todos queremos salvaguardar los derechos humanos, pero que sean los tribunales quienes instruyan y resuelvan, no los responsables políticos. ¿Y la presunción de inocencia?, ¿y el principio de contradicción?

En mi opinión, las causas del incidente de Quatre Camins son otras y tienen largo alcance. Yo me remontaría a la aprobación del Código Penal de 1995, cuando el PSOE gobernaba, que si bien tuvo aspectos positivos, como el nacimiento de las medidas penales alternativas a la prisión o la aparición de nuevos tipos delictivos más en consonancia con el siglo que vivimos, tuvo otros que influyeron negativamente en la vida penitenciaria, endureciendo y limitando la salida en libertad.

Se elevaron las penas por los delitos más corrientes en nuestra sociedad: los delitos contra la propiedad y contra la salud pública. Estos delitos alcanzan en nuestras prisiones al 75% de la población reclusa.

Y lo más importante: desaparecieron los beneficios penitenciarios. No se redujeron a la mitad o a un tercio. Desaparecieron de un plumazo, y esa medida, al cabo de los años repercute en la vida de las prisiones. Es lo que en lenguaje penitenciario decimos "se pierde la esperanza"; toda persona, para seguir viviendo, necesita esperanza, y los internos de los centros penitenciarios, también. El Código Penal endureció las penas, suprimió los beneficios y puso en marcha las largas condenas.

Esta situación nos ha llevado a un incremento muy importante de población reclusa. Hoy en las prisiones catalanas hay 7.900 internos. En el año 2000, eran 6.100 internos. Esta situación también nos ha llevado a reunir más presos peligrosos. Los que antes no llegaban a 50 y eran fácilmente controlables, ahora superan los 250. Son personas inadaptadas, con condenas largas, que no tienen nada que perder y para las que el régimen ordinario del centro sólo sirve para crear conflicto.

Por eso, desde hace un año se está construyendo un segundo centro de alta seguridad en Quatre Camins, en el que, junto con el de Ponent, estos presos más conflictivos estarían bajo control. El resto, que son presos ordinarios, tienen que seguir gozando de les medidas de reinserción.

Por último, y no por ello es menos importante, hablemos un momento de la doble función que ejercen las prisiones: seguridad y rehabilitación. El Gobierno anterior, el de Convergència i Unió (CiU), trabajó arduamente para conseguir un equilibrio entre ambas funciones, y trabajó codo a codo con sus funcionarios. En algunos de nuestros centros las paredes son viejas, pero los profesionales que trabajan en su interior lo han hecho y lo hacen creyendo realmente en las políticas de rehabilitación.

El estudio sobre reincidencia que se presentó hace un par de meses lo confirma. Las medidas penales alternativas que se aplican, también. Los recursos humanos dedicados a la educación, a la reinserción, a la salud de los internos y al trabajo productivo son un hecho indiscutible.

Espero que ese trabajo y sus resultados se mantengan y si es posible se incrementen los recursos en los próximos presupuestos.

Quiero recordar aquí que cuando el tripartito se repartía los departamentos, ninguno hizo votos a favor del de Justicia; las prisiones no interesaban a nadie... Ahora su interés es dar una imagen negativa del sistema penitenciario y de sus funcionarios. No se puede hacer del incidente criminal de Quatre Camins ninguna bandera y no se puede tener a los funcionarios en situación permanente de sospecha. Los hechos tienen que aclararse, pero asuntos tan graves como este deben llevarse con prudencia y discreción y hay que dejar trabajar a los jueces con plena libertad. Si hay culpables, los tribunales lo dirán, pero es muy importante seguir confiando en los profesionales de prisiones. Su trabajo y el ámbito donde lo ejercen es duro.

Y un consejo, que los nuevos responsables penitenciarios se pongan las pilas y hagan suyo el mundo penitenciario. Las prisiones catalanas y sus funcionarios lo merecen. Los internos que cumplen su condena, también.

Núria de Gispert i Català es diputada por CiU en el Parlament de Catalunya.