El naufragio legal de los bebés del Estrecho

La presencia de bebés y mujeres embarazadas a bordo de pateras ya no asombra a los voluntarios de la Cruz Roja de Tarifa (Cádiz) que prestan asistencia humanitaria ante los desembarcos. Desde 2002, cuando la ONG comenzó a censar estos casos, han sido interceptadas en la zona 230 gestantes y 69 niños que no superaban los dos años. Las cifras reales son mayores, pero se desconocen. Los únicos dispositivos de atención que reciben son prestados por organizaciones humanitarias, pues no existe ningún centro bajo control público que atienda a las madres inmigrantes y sus bebés ni tampoco se ha dispuesto de un protocolo de actuación que facilitase el seguimiento de estos niños.

Esto ha propiciado una batalla judicial entre varias familias del Campo de Gibraltar, convertidas en guardadores de hecho de pequeños africanos a petición de sus padres biológicos, y la Junta de Andalucía, que exige su ingreso en un centro de protección tras declarar el desamparo al comprobar que no eran atendidos por sus progenitores.

Una de las situaciones más polémicas que se vivió en el Campo de Gibraltar fue la de la pequeña africana que vive en la casa de Virgilio Moreno, de 64 años, y Remedios Bejar, de 62, en Algeciras (Cádiz). La niña hizo su primer viaje con un mes escaso, acomodada entre los brazos de su padre, un nigeriano que aseguró al llegar a tierra en diciembre de 2000 que la madre había fallecido durante un naufragio en el Estrecho. Durante seis meses residieron en el albergue de los hermanos de la Cruz Blanca, que gestiona Isidoro Macías. De allí marcharon a la parroquia de San Pedro, en la barriada de los Pescadores, donde el padre entregó la niña al párroco, que pidió auxilio a una familia de impecable trayectoria humanitaria.

Virgilio, un guardia civil en la reserva que lleva décadas de diácono en una parroquia del barrio de La Bajadilla, y su esposa Remedios no dudaron ni un segundo asumir el cuidado de la niña. El matrimonio goza de acreditada experiencia en la crianza: tienen tres hijos biológicos -de 32, 29 y 21 años en la actualidad- y han acogido a cuatro menores saharauis. En honor del algecireño se bautizó a un niño saharaui en los campamentos como Mohamed Virgilio.

Como la familia pretendía que su actuación fuese transparente formalizaron la guarda de hecho ante el juzgado de acuerdo con el padre. "A partir de ahí hay una persecución grandísima de la Junta", sostiene el guardia civil retirado, espantado aún por la visita de siete policías para retirar a la pequeña, a la que no encontraron en la casa. Asuntos Sociales declaró el desamparo de la niña el 26 de agosto de 2002 por el incumplimiento del padre biológico de la patria potestad y exigió su ingreso en un centro de protección, a lo que se negó la familia, que recogió 6.500 firmas en su apoyo.

La jueza María Esther Martínez Saiz, titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Algeciras, dio la razón a Asuntos Sociales en la declaración del desamparo de la pequeña pero desestimó el acogimiento residencial, que habría significado ingresarla en un centro, en favor del "acogimiento simple y provisional" de Virgilio y Remedios. "Nos han tratado peor que a un delincuente peligroso", se queja el hombre. Su esposa critica que todo ese sinsentido administrativo deje en una especie de limbo a la niña: "No podemos inscribirla en el Registro Civil porque no tiene papeles". La menor de 3 años está escolarizada y empadronada.

El caso de Isabel Dueñas, que cuida en su casa a un pequeño nigeriano de tres años desde que se lo pidió la madre biológica, no difiere demasiado. Dueñas ayudó durante un periodo como voluntaria en el centro de la Cruz Blanca de Algeciras, donde se alojó la madre del menor. En un primer momento se hizo cargo temporalmente hasta que la madre biológica se llevó a su hijo a Almería, donde había encontrado trabajo. Un agravamiento de la enfermedad del niño la decidió, sin embargo, a pedir apoyo de nuevo a Dueñas. Finalmente, ambas familias formalizaron ante un notario la situación. "Mi sorpesa llegó un día con un policía que me tocó a la puerta, y ahí empezó mi calvario, me citaron en Cádiz, fueron los padres biológicos y nos dijeron que era ilegal lo que hacíamos", relata.

La Junta declaró al menor en desamparo, pero la familia, que reside en Castellar de la Frontera, se negó a entregarlo, incluso cuando acudieron a reclamarlo técnicos y policías en junio de 2003. Isabel Dueñas, que tiene dos hijos biológicos, desapareció con el pequeño hasta el juicio, que confirmó el desamparo y mantuvo el acogimiento familiar. "Si le pago por el niño a la madre es lógico que se lo lleven, pero le estoy ayudando y volvería a hacerlo", concluye.