La Junta detecta obras ilegales en una de las parcelas más valiosas de Marbella

Las ilegalidades urbanísticas en Marbella siguen a la orden del día, sea o no con la anuencia del Ayuntamiento. La Policía Urbanística del Litoral ha comprobado en una reciente inspección la realización de unas obras para 40 viviendas y un centro comercial en una parcela no urbanizable de Holanducía, un suelo estratégico por su privilegiada ubicación, aun cuando el pasado 4 de marzo el Ayuntamiento denegó el proyecto de ejecución. La Consejería de Obras Públicas exigió el pasado jueves a la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, que paralice las obras.

El caso es un ejemplo claro de la tensión urbanística en Marbella, con un litigio que se prolonga ya durante más de dos años. Holanducía ocupa una superficie de unos 400.000 metros cuadrados y es muy estimada por los promotores por su estratégica ubicación, junto a Nueva Andalucía, al norte de Puerto Banús, entre la antigua N-340 y la autopista de peaje. Durante los años de mandato de Jesús Gil y Julián Muñoz, el consistorio firmó varios convenios urbanísticos con los distintos promotores para el desarrollo de la zona, pese a que el suelo está reservado como no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana vigente.

Las ilegalidades en una de las parcelas de este sector, Holanducía Nordeste, donde ahora la Policía Urbanística de la Junta ha detectado el avanzado estado de construcción de un complejo con 40 viviendas y centro comercial, no son nuevas. El 8 de mayo de 2002, la comisión de gobierno municipal, presidida entonces por Julián Muñoz, concedió licencia de obras para este proyecto a la sociedad Casa Holanducía Sociedad Limitada, autorización de la que no dio cuenta a la Delegación del Gobierno de la Junta hasta cuatro meses después, cuando el plazo legal para informar de los acuerdos es de 15 días.

El 7 de noviembre de aquel año, la Policía Urbanística ya emitió un informe en el que denunciaba que se estaban realizando movimientos de tierras en la zona, que afectaban además al cauce del arroyo Benabolá, obstaculizando el cauce de las aguas, aunque no había entonces ningún cartel que informara de promoción alguna. La Consejería de Obras Públicas requirió al Ayuntamiento a que paralizara las actuaciones y anulara la licencia de obras.

En una posterior inspección, el 14 de octubre de 2002, la Policía Urbanística comprueba que no se ha producido ninguna paralización y que ya se han iniciado unas obras de estructura. Dado que el Ayuntamiento no revocó la licencia de obras, la Junta optó por impugnarla ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En marzo de este año, el Ayuntamiento deniega permiso para la ejecución del proyecto de obras, pero no vela por el cumplimiento de su decisión. Según el Ejecutivo andaluz, vecinos de Nueva Andalucía que han denunciado la ilegalidad de las obras han pedido en varias ocasiones reunirse con la alcaldesa sin recibir respuesta.

Informe a la Fiscalía

El pasado jueves, 8 de julio, la Policía Urbanística comprobó que las obras se encuentran muy avanzadas. El complejo tiene cuatro edificios en forma de U de dos plantas, y hasta el momento dos ya tienen la estructura de la segunda planta, uno tiene alzada la primera, y el otro está en fase de cimentación.

Ese mismo día, el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas en Málaga, José María Ruiz Povedano, pidió por escrito a la alcaldesa que tome cuantas medidas sean pertinentes para paralizar las obras y le ha advertido de las responsabilidades en que podría incurrir si no lo hace. La Junta va a informar de los hechos a la Fiscalía por si procediera alguna actuación por la vía penal. La Junta asegura que los vecinos denunciantes han informado de que los obreros trabajan "a un ritmo frenético, con el único objeto de avanzar lo más posible para que cuando se pueda hacer algo ya sea demasiado tarde".