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El fiscal pide un año de cárcel a López de Coca por tráfico de influencias en el 'caso del lino'

Anticorrupción solicita penas que oscilan entre siete meses y tres años para otros 18 imputados

El fiscal anticorrupción David Martínez Madero pidió ayer un año de cárcel, una multa de 144.242 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público para el ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Nicolás López de Coca, por un delito de tráfico de influencias presuntamente cometido en el caso del lino. El fiscal -que reclama la apertura de juicio oral y que se remitan las actuaciones al juzgado de lo penal, por ser el competente para juzgar el caso- pide también penas que oscilan entre siete meses y tres años de prisión para otros 18 imputados.

Respecto a López de Coca, el fiscal señala que fue nombrado en marzo de 1996 subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pasando a desempeñar el cargo de Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) a partir del 17 de julio de 1998.

El FEGA era el organismo español con funciones de coordinación e información a la Comisión de la Unión Europea derivadas de la aplicación del Reglamento 729/70, del Consejo, sobre la financiación de la política agraria común, y en especial en lo referido al procedimiento de liquidación de cuentas de la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA).

Entre sus funciones tenía que actuar como interlocutor ante la Comisión Europea en lo atinente al FEOGA y debía armonizar la aplicación de las disposiciones comunitarias para asegurar un tratamiento igualitario de los beneficiarios de las ayudas a nivel nacional.

Orden reguladora

En diciembre de 1998 la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobó la Orden que, para la campaña 1999/2000, regulaba el procedimiento y los requisitos de la solicitud, tramitación y concesión de pagos compensatorios a los productores de lino textil o cáñamo, si bien esta vez con la fundamental particularidad de que quedaban excluidos aquellos titulares de parcelas que ya hubieren estado sembradas con semilla de lino textil en la campaña anterior y que por ello hubieren obtenido la respectiva ayuda.

En esa situación se hallaban familiares y dos de los hijos de López de Coca, quienes poseían alrededor de 200 hectáreas de tierras arrendadas con el único fin de obtener ayudas comunitarias a la producción de lino textil. A través de las compañías Valzorzales, SL y Campillos de la Torre, SL, los familiares de López de Coca participaron en la constitución de COLISUR 2000, agramadora de lino en la que era administrador Antonio Muñoz Martínez, quien desde la infancia mantenía vínculos de amistad con López de Coca.

"Pertinaz insistencia"

Según se precisa en el relato del fiscal, López de Coca, "movido por el solo propósito de favorecer a sus familiares y, eventualmente también a los responsables de dicha transformadora de lino; sirviéndose de su cargo de presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, en días y horas no determinados de enero de 1999 pero antes del día viernes 15 de dicho mes, (...) realizó varias llamadas telefónicas y habló en diversas ocasiones con el Consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha disuadiéndole de que aplicara la citada norma de 29 de diciembre de 1998, llegando con su pertinaz insistencia a obtener el acusado que, justo en la misma fecha en que ésta debía entrar en vigor -el 15 de enero de 1999-, accediera dicha autoridad autonómica a decretar una nueva Orden que se publicó y fue ya vigente desde ese mismo día, en cuya virtud se modificaba la anterior en el sólo aspecto de imponer ahora, a los citados productores de lino textil que en la temporada 1998/1999 habían percibido las referidas ayudas a dicho cultivo, la sola obligación de comunicar por escrito tal circunstancia a la correspondiente Delegación de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Inopinado trámite que libraba así a tales productores y, entre ellos, a los hijos del acusado López de Coca, de la posibilidad de quedar excluidos de tales subvenciones comunitarias, que alcanzaban para esa campaña una suma próxima a las 120.000 pesetas [721,21 euros] por hectárea".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de julio de 2004