Las eléctricas tendrán que gestionar central por central la cuota de emisiones que les asigne el Gobierno

El Plan de Asignación de Emisiones aprobado por el Gobierno para cumplir con el Protocolo de Kioto prohibirá a las empresas eléctricas manejar de forma conjunta la cuota de emisiones de gases que corresponda a cada una de las instalaciones de su propiedad y que aún está por decidir. Es decir, no podrán compensar las carencias de unas instalaciones con las ventajas de otras.

Cada instalación tendrá que ajustarse a la cuota que se le asigne para que, en conjunto, el sector no supere los 86,4 millones de toneladas anuales de emisiones previstas para el sector entre los años 2005 y 2007. El Gobierno ya había adelantado que, en el caso de las eléctricas (no en el de otros sectores), se prohibiría el denominado pooling (gestión conjunta de derechos de emisión por parte de las empresas de un sector), pero ahora da un paso más: tampoco permitirá la gestión conjunta de derechos en la misma empresa. Cada instalación, de cada empresa, tendrá que ajustar sus emisiones a lo que decida el Gobierno. Si le sobran derechos, podrá venderlos; si le faltan, tendrá que comprarlos.

Esta idea es una de las directrices generales contenidas en el Plan que presentarán hoy los ministros de Industria, José Montilla, y de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien ayer ratificó ante el Club de Roma su compromiso de cumplir con Kioto y dar racionalidad económica y ambiental a su ministerio.

El documento, que aún no concreta los derechos de emisión de cada instalación, contempla que la asignación de derechos de centrales eléctricas tenga en cuenta la media de emisiones del periodo 2000-2002 (un año seco), su antigüedad, su rendimiento y las inversiones realizadas. El resultado, según las fuentes consultadas, se situará a medio camino de las peticiones realizadas por Endesa, que defiende el uso de centrales de carbón, y de Iberdrola, partidaria de incentivar el ciclo combinado, menos contaminantes. Endesa, según Europa Press, ha advertido de que el plan será impugnado si incluye derechos de emisión para instalaciones que todavía no han entrado en funcionamiento. Según la eléctrica, asignar derechos a esas centrales supondría realizar una estimación "arbitraria".