Interior flexibilizará el tercer grado para aliviar la saturación carcelaria

Mercedes Gallizo, directora general de Prisiones, anunció ayer un giro en la política penitenciaria y un plan de choque para aliviar la saturación de las cárceles, que el viernes albergaban a 51.264 presos en sus 40.000 celdas. La primera medida consiste en una flexibilización del tercer grado (semilibertad) para que los presos insolventes accedan a este beneficio aunque no hayan pagado a sus víctimas las cantidades fijadas en concepto de responsabilidad civil. Los presos o sus familias deberán comprometerse a pagar con el fruto de su trabajo en el exterior.

Gallizo desgranó ayer las medidas con las que pretende "humanizar" las prisiones y convertir las cárceles "en centros correctores de las carencias de los presos". La directora general esbozó sus planes para mejorar la salud, educación y la instrucción laboral de las cárceles, con la vista puesta en la reinserción. Pero, sobre todo, Gallizo se ha propuesto aliviar la saturación de las cárceles, ya que la población penal "está creciendo de forma alarmante". "Estamos extremadamente preocupados", dijo.

La directora general puso dos ejemplos de esta situación: centros con 1.008 plazas que tienen hasta 1.700 reclusos o la "extrema gravedad" de hacinamiento de las cárceles canarias, "que obliga a trasladar a presos autóctonos a la Península y ni así se puede soportar". Prisiones, dependiente del Ministerio del Interior, está preparando un catálogo de medidas para "revisar la política penitenciaria" y para rebajar la cifra de presos.

La primera medida ha sido una instrucción para que puedan acceder al tercer grado (semilibertad, que permite ir a prisión sólo a dormir) los presos que no hayan satisfecho la responsabilidad civil, algo que hasta ahora no era posible. "Yo no estaba de acuerdo en que se impidiera tener el tercer grado a quienes no hubieran pagado la responsabilidad civil, máxime cuando los afectados han sido declarados insolventes", explicó Gallizo. Con la medida ahora impulsada, el preso puede salir en semilibertad siempre que él o su familia se comprometan al pago. Pero, la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura ya calificó ayer esta medida de "retroceso en el derecho penal que perjudica a las víctimas".

Revisiones legales

Los planes de alivio también pasan, según Gallizo, por el fomento de las penas alternativas a prisión (trabajos en beneficio de la comunidad), el uso creciente de pulseras de control telemático, la optimización de los Centros de Inserción Social ( "no deben ser simples dormitorios", dijo), la construcción de nuevas cárceles e incluso "el aprovechamiento de alguna infraestructura ya existente" -un cuartel desamortizado, por ejemplo- "para reformarlo y utilizarlo". "El legislativo y el judicial tienen que hacer una reflexión, porque no es razonable que la única solución sea el encierro en las cárceles", añadió.

Gallizo considera urgente construir una nueva cárcel en Canarias "y cerrar la de Salto del Negro" y otra en el País Vasco, para lo cual está elaborando un informe para enviarlo al lehendakari, Juan José Ibarretxe. "Las prisiones del País Vasco son pocas y están muy obsoletas, pero construir ahí y en Navarra otro centro es una cuestión muy compleja", explicó.

La directora general calificó de "desastrosa" la herencia recibida del PP, basada en "una política de imagen" que ha trasladado los problemas al "sistema penitenciario, concebido como un contenedor humano". De esta herencia explicó que se está en proceso de construcción de cuatro cárceles "de las que no se ha puesto un ladrillo" o que las partidas presupuestarias para comidas "están congeladas" pese al aumento de presos, que tampoco se ha visto correspondido ni por un aumento de funcionarios ni "por obras de mantenimiento".

Gallizo mostró su disgusto, además, por la presencia en las cárceles de niños hijos de reclusas hasta que cumplen tres años. "No quiero separarlos de sus madres, sino hallar una fórmula, que habrá que legislar, para un cumplimiento extrapenitenciario de penas para las madres y las embarazadas".