La concentración frente al Partido Popular no fue "acto de propaganda electoral"
El 22 de marzo de 2004, la Fiscalía de Madrid recibió una denuncia por la convocatoria de "manifestaciones coactivas el 13 de marzo de 2004 ante las sedes del PP y por el seguimiento de esos actos por parte de las cadenas de televisión Tele 5, CNN + y Localia y por los comentarios tendenciosos realizados, al parecer, ese mismo día en la Cadena SER".
La Fiscalía abrió un procedimiento para analizar si los hechos denunciados revestían el carácter de infracción criminal y si eran constitutivos de los delitos aludidos en las distintas denuncias.
El fiscal entiende que no hay delitos de calumnia e injuria y reflexiona sobre la posibilidad de que la concentración supusiera un acto de propaganda electoral en el día de reflexión, lo que el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohíbe expresamente: "No puede difundirse propaganda electoral, ni realizarse acto alguno de campaña electoral, una vez que ésta haya legalmente terminado, ni tampoco durante el periodo comprendido entre la convocatoria de las elecciones y la iniciación legal de la campaña".
Para saber lo que es un acto de propaganda, la fiscalía se remitió a una sentencia del Tribunal Supremo: "Toda acción tendente a persuadir al ciudadano para que emita su voto a favor de un candidato, o, por el contrario, dirigida a disuadir de semejante opción, siempre con una proyección pública".
Tras analizar los gritos escuchados durante la concentración: "Manipulación", "No a la guerra", "Mentirosos", "Gobierno dimisión", "Aznar culpable, eres responsable", "Vosotros, fascistas sois los terroristas", "Aquí cabrones, a dar explicaciones", "Manipulación, más información", el fiscal concluyó: "No cabe deducir una incitación al resto de los ciudadanos a dar su voto a favor de determinada opción política o a retraerse de dicho voto, que es la conducta expresamente proscrita" por la ley. Respecto al seguimiento informativo de los medios de comunicación denunciados, el fiscal entiende que supone "el ejercicio del derecho a la libertad de información".
Por todo ello, propuso el archivo de las denuncias.
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