200 imputados por una estafa en la compra de pisos y coches en Alicante
La juez acusa a toxicómanos que una red utilizaba como tapadera
La titular del Juzgado número 1 de Alicante, Cristina Costa, ha imputado a unas 200 personas por su supuesta implicación en una multimillonaria estafa en la compra de viviendas y bienes muebles -coches y electrodomésticos - a base de sobretasaciones y mediante nóminas ficticias. Entre los imputados están los toxicómanos que la red -integrada por dos clanes familiares- utilizaba como tapadera, así como dos directivos bancarios.
La supuesta red de estafadores fue desmantelada por la Guardia Civil a finales de 2001. Los agentes arrestaron a seis miembros de dos clanes familiares que se valían de un grupo de unos 200 jóvenes toxicómanos y dos directivos bancarios para materializar las fraudes en la compra viviendas y de productos domésticos, básicamente turismos y electrodomésticos, como televisores y frigoríficos. Más adelante, los agentes del Instituto Armado detuvieron a los ejecutivos bancarios: dos subdirectores de extinto Banco Central Hispano, en la actualidad integrado en el Banco Santander, y a un tasador inmobiliario. El volumen de la estafa se eleva a unos 18 millones de euros en el caso de la compra de viviendas y a unos 150.000 euros por la compra de coches y electrodomésticos, mediante el sistema de financiación a varios meses. Ninguno de los arrestados ingresó en prisión.
Las diligencias previas del caso fueron instruidas en dos juzgados diferentes. Posteriormente, la causa pasó al Juzgado número 1, que el lunes retomó las actuaciones con el interrogatorio, en calidad de imputados, a todos los detenidos inicialmente por la Guardia Civil. La instrucción de la causa ha estado en dique seco durante más de dos años debido a la acumulación de casos de envergadura tramitados por esa oficina judicial que, entre otros, dirige la investigación del supuesto desfalco descubierto en la empresa agroalimentaria pública Mercalicante.
Los primeros en comparecer, el pasado lunes, ante la juez han sido dos de los jóvenes toxicómanos. Ambos imputados reconocieron a la magistrada que fueron "engañados" por los miembros de la red. "No decían [los miembros de la red] de que fuésemos al banco a firmar con nuestro DNI", relataron a la juez. Ninguno de los imputados admitió recibir dinero a cambio. No obstante, según las diligencias policiales, los jóvenes que accedían a las pretensiones de los estafadores recibían cantidades entre los 400 y 1.200 euros, en función del monto global de la operación.
Casas sobrevaloradas
Uno de los clanes estaba especializado en la compra de viviendas. En todos los casos, los estafadores acudían a jóvenes con problemas económicos como tapadera para materializar las operaciones: concesión de créditos hipotecarios por un monte muy superior al precio real de las casas, también sobrevaloradas. Para ello, también contaron con la connivencia de dos subdirectores del antiguo Central Hispano y un profesional de la tasación inmobiliaria.
La parte más suculenta del negocio era para los estafadores, que mediante esta fórmula llegaron a cerrar operaciones por un importe global de unos 18 millones de euros. La red, con el propósito de no levantar sospechas y poder seguir engordando sus ingresos, pagó inicialmente las primeras mensualidades de los créditos hipotecarios concedidos a los jóvenes captados como cebos. Mientras, los toxicómanos apenas obtenían los mentados 1.200 euros y, además, tienen que hacer frente a las elevadas hipotecas que el banco les otorgó en base a unos ingresos igualmente ficticios.
El segundo de los clanes familiares implicados en el fraude estaba especializado en estafas relacionadas con la compra de electrodomésticos y turismos. Los estafadores también contactaban con jóvenes con problemas económicas, especialmente toxicómanos, e igualmente les facilitaban nóminas falsas con las que materializaban operaciones de compra en tiendas especializadas en electrodomésticos y financieras de vehículos. "Lo normal era dejar de pagar tras la primera letra", señalan fuentes judiciales. Los agentes lograron más tarde recuperar todos los productos estafados.
Los imputados se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel, según la petición inicial del ministerio público. En la causa. también se ha personado, como perjudicado, el Banco Santander.
