Protección de Datos abre expediente de sanción por la convocatoria del acto 'Agua para todos'

La Agencia Española de Protección de Datos ha acordado iniciar procedimiento sancionador a las empresas Meydis y Consodata por "infracción grave" por el uso de datos para la convocatoria de la manifestación a favor del Plan Hidrológico Nacional que, bajo el lema Agua para todos, se celebró el pasado año en Valencia. La agencia ha estimado así una denuncia formulada al respecto por el entonces coordinador de Esquerra Unida del País Valencià, Joan Ribó, y por dos ciudadanos de Paterna y Alicante. La decisión podría suponer sanciones de hasta 600.000 euros por el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

La Agencia Española de Protección de Datos explica que la manifestación a favor del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que, bajo el lema Agua para todos, se celebró en marzo del pasado año en Valencia, fue convocada, entre otros medios, a través del envío masivo de cartas que, con el título "Llamamiento a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana", invitaban a participar en el acto. Las cartas iban firmadas por las organizaciones Asaja, Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), Jóvenes Agricultores de Alicante y Federación Provincial de Agricultores de Castellón (Fepac), organizadoras de la multitudinaria convocatoria, que contó con el generoso apoyo financiero de las administraciones gobernadas por el PP valenciano: la Generalitat, las Cortes Valencianas, las diputaciones provinciales, y numerosos ayuntamientos. Sólo las Cortes aportaron 600.000 euros.

La agencia ha estimado las denuncias formuladas al respecto por Joan Ribó y por dos ciudadanos de Paterna (Valencia) y Alicante, Carlos Javier López Banedi y Carlos Gómez Gil, respectivamente, por la recepción en sus domicilios particulares de cartas en las que se les invitaba al acto y en las que se incluían dos invitaciones para sendas raciones de paella y un número de cuenta bancaria por si los invitados deseaban contribuir con alguna aportación económica para sufragar la organización de la manifestación.

La decisión de iniciar expediente sancionador -que podría suponer multas de 60.000 hasta 600.000 euros- se justifica por el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. La Agencia explica que las cartas incluían la dirección postal y los datos relativos a piso y puerta de los destinatarios, "sin que conste acreditado el consentimiento de los afectados para el tratamiento de sus datos".

Joan Ribó, abordado ayer en los pasillos de las Cortes, recordó que la denuncia la interpuso, cuando era coordinador de EU, por la "utilización fraudulenta de ficheros de datos de personas, que no se pueden utilizar por unas empresas que, en su momento, convocaron a toda la ciudadanía de la Comunidad Valenciana para la manifestación" en apoyo del PHN. Según Ribó, la marcha "se convocó presuntamente con comportamientos ilegales" y además "hubo un abuso de la intimidad y determinados usos de datos para convocar la manifestación de una forma fraudulenta".

La agencia concede a Consodata y Meydis un plazo de 15 días para presentar alegaciones.