La morosidad no entiende de ciclos económicos

Cada vez hay más empresas en Europa con dificultades, algunas incluso con problemas de subsistencia originados por el retraso en los pagos de sus clientes. Para las compañías exportadoras esta incertidumbre es uno de los mayores problemas del comercio internacional. Una situación que se ve agravada con los nuevos países miembros de la UE en los que tanto los plazos para el pago como las pérdidas por el retraso son mayores. España, que estaba fuera de juego, trata de incorporarse al marco europeo con la normativa que debatirá próximamente el Parlamento.

En Europa, la tasa de riesgo de impagos se incrementa de norte a sur y de oeste a este. Los países nórdicos registran los menores índices

En España, una empresa con 20 millones de euros de ventas necesita 745.000 euros de capital adicional para hacer frente al retraso de los pagos

Cuando alguien deja de pagar, es porque las cosas le van mal. Esta especie de axioma parece que no funciona cuando se trata de la contabilidad nacional por países en Europa. Al menos es lo que parece demostrar el segundo estudio realizado por la multinacional sueca Intrum Justitia con la información de más de 9.000 empresas de 22 países. El primero lo realizó en 1997, y entre ambos hay significativas diferencias.

De cualquier manera, la principal excusa para los retrasos por parte de las empresas sigue siendo la de "dificultades financieras", seguida muy de cerca por la opción de utilizar a los proveedores como "recurso gratuito de financiación", mientras que las quejas por la naturaleza del producto o servicio son poco frecuentes.

Según el informe de la firma sueca, la tendencia general trata de igualar la media en todos los países, "donde el retraso era escaso, los periodos de demora se van alargando; mientras que, en los países donde el plazo era mayor, se van acortando".

Asimismo, y a pesar de reconocer que los retrasos suponen serias consecuencias para las empresas, tanto en el capital requerido para iniciar la actividad, en el coste del mismo y en el volumen de ventas requerido; y que la demora en el pago provoca que muchas empresas se encuentren en dificultades de solvencia o, incluso, al borde de la quiebra, señala sin embargo que "el que un país se retrase más en los pagos no implica que registre las mayores pérdidas por demoras en los pagos".

En cuanto a los factores que influyen en los retrasos, hay dos causas fundamentales según el estudio. Por un lado, "los pagos se retrasan más cuanto más permisivos son los procedimientos a seguir". Así, en los países del norte de Europa, donde se impone el pago de intereses por demora, se agilizan enormemente los pagos y se logra que, "con una sola acción por parte del acreedor para recordar la existencia de la deuda, el deudor reaccione". Lo que aconseja el establecimiento de un proceso profesional y consistente de la gestión de créditos.

Por otro lado, también parece demostrar el estudio que "cuanto más rápido, efectivo y menos costoso es el sistema legal, menos impagos hay". La realidad macroeconómica de cada país, por tanto, según el informe no influye tanto en los retrasos como estos factores.

Comparando la zona euro con el resto de la Unión Europea, apenas existen diferencias; sin embargo, sí aparecen ciertas distancias entre los antiguos y los nuevos miembros de la Unión Europea. En estos países, tanto los plazos para el pago como las pérdidas por el retraso son mayores.

De norte a oeste

Si se analiza por regiones, la tasa de riesgo de impagos registra un curioso aumento conforme se desplaza uno de norte a sur y de oeste a este. Así, los países nórdicos registran una menor tasa de riesgo, mientras que Portugal, la República Checa y Lituania presentan los mayores índices de riesgo.

Por otro lado, mientras en Italia se acuerdan los periodos de pago más largos y presenta una de las mayores tasas de retraso, al final terminan saldándose las cuentas y sólo un 0,9% de las facturas queda sin pagar, una cifra semejante a la de los países nórdicos.

Por el contrario, en Bélgica el periodo contractual de pago establecido en la actualidad suele ser de 35 días (la mitad que en Italia) y los retrasos se sitúan en 17 días (3 menos que en Italia), sin embargo, el índice de impagos es del 2,9%. Y eso la coloca junto a España y Letonia, como uno de los países con más pérdidas por impagos.

En este sentido, la normativa aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros supone, según el director general de Intrum Justititia, Luis Salvaterra, "una importante ayuda para mitigar los problemas de solvencia de las empresas españolas, especialmente las pequeñas y medianas". Los nuevos plazos que establece el proyecto de ley de 30 a 60 días "son razonables" para la situación del mercado español, a pesar de ser uno de los que destacan por un mayor retraso con un tiempo medio real de 80 días. Según el estudio, en España una empresa con una facturación de 20 millones de euros necesita 745.000 euros para hacer frente a estos retrasos.

En cuanto al periodo de transición para la entrada en vigor en el caso de los alimentos no perecederos y de gran consumo, Salvaterra considera que "prorrogar su entrada hasta el 1 de enero de 2007 es una medida algo exagerada, sobre todo si se tiene en cuenta el retraso acumulado por España en la aplicación de la Directiva europea".