El fiscal del 'caso Fabra' aplaude la personación de Anticorrupción, pese a que él no la reclamó

El fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, Francisco Javier Arias, que ha ejercido hasta mediados de este mes la acusación en el caso Fabra, afirmó ayer que la personación de la fiscalía Anticorrupción, relevándole de la investigación, es "una medida muy acertada" tanto "desde el punto de vista jurídico como del sentido común". Arias elogió a su sustituto, Carlos Saiz Díaz, nombrado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, por ser "un gran especialista en delitos económicos" con "de 13 años de carrera" que "ayudará mucho". Pese a los elogios, Arias nunca reclamó la presencia de Anticorrupción.

Hacienda investiga de oficio los movimientos contables de todos los imputados

Francisco Javier Arias aseveró que estaba "satisfecho" por la incorporación de Anticorrupción, pero en ningún momento dijo que hubiera sido él quien solicitara su apoyo pese a que ostenta esa potestad. Más bien al contrario, primero fue el anterior Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, quien rechazó "una especie de denuncia de algunos alcaldes socialistas" de Castellón y después, según comunicó ayer Arias, fue el propio Salinas quien le telefoneó para solicitarle "un informe del caso Fabra", que le remitió en sendos capítulos los pasados 10 y 17 de mayo, ya con Cándido Conde-Pumpido al frente de la Fiscalía General del Estado, quien dio el visto bueno a la intervención.

El fiscal jefe de la Audiencia provincial de Castellón realizó estas declaraciones en una comparecencia ante los medios de comunicación, que supuso la ruptura de su silencio desde que comenzó el proceso. Francisco Javier Arias intentó justificar su labor como acusación en el caso ante las "duras críticas recibidas" y dijo que ha sido el responsable de que se practiquen "cinco diligencias" en los siete meses de investigaciones, en referencia a las pruebas testificales de dos joyeros, el representante de una sala de arte y los dos trabajadores de Naranjax el pasado 11 de junio. Además, informó que ha solicitado "otras seis" que están señaladas y aún no se han llevado a efecto o porque "en algún caso había que solicitar el testimonio de alguna personalidad política importante" y creyó conveniente "esperar a que pasaran las elecciones generales para ver si eran aforados y tenían que declarar en Nules o ante el Supremo".

Arias no quiso dar nombres pero reconoció que estudiaba pedir la declaración de "algún ex ministro" con responsabilidad entre 1998 y 2002, y que ha aconsejado a Carlos Saiz su comparecencia. Además, defendió su recurso contrario a que la Unión de Consumidores se personase como acusación en los delitos contra la Administración pública, por los que están imputados Fabra y su mujer, y Vicente Vilar y su ex esposa, porque "como asociación de consumidores carece de interés en este asunto", y parece "un contrasentido que la UCE quiera ejercer de acusación y otras asociaciones como AVACU no".

El ya ex fiscal del caso Fabra sostuvo su "imparcialidad" a la que está "obligado por ley" y negó que hubiera actuado "como abogado defensor de don Carlos Fabra". Para Arias, el presidente de la Diputación y del PP en Castellón "es un conocido" con quien ha "comido cuatro o cinco veces en actos públicos desde 1976". El fiscal prefirió no contestar a la cuestión sobre qué pretendía averiguar con su ya famosa pregunta a Fabra: "¿Arriesgaría usted su carrera política por un asunto de tráfico de influencias máxime estando tan cerca las elecciones y por un precio tan irrisorio como se ha cifrado aquí?". Francisco Javier Arias también arremetió contra los medios de comunicación, al asegurar que había leído muchas "noticias pintorescas, otras falsas, y tendenciosas", para matizar después que mucho de lo publicado se "ajustaba plenamente a la realidad". Arias también desveló que hace "aproximadamente un mes" Hacienda decidió "investigar de oficio" los movimientos contables "de todos" los imputados.

Por otra parte, el presidente del Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen), Francisco González; la integrante de la asociación Salvem el Desert, María Teresa Novo, y el representante de la asociación de vecinos de Miravet, Julio Fernández, pidieron ayer al Ministerio de Justicia que encargue un informe sobre la actuación de la Fiscalía de Castellón en el proceso judicial abierto por un presunto delito ecológico en la construcción de la carretera Cabanes-Oropesa, según Europa Press. Las asociaciones expusieron al subdelegado Juan María Calles las fases en las que se encuentran la ejecución de dicha carretera y el proceso judicial. Al respecto, González explicó a Calles que no se opone a una carretera que conecte el interior con la costa, pero sí a la afección del proyecto sobre el Desert de Les Palmes y sobre las especies endémicas.

Según González, la solución óptima "es la opción norte", una alternativa desechada por la Generalitat porque, a su juicio, "dificulta los planes urbanísticos desarrollados en torno al futuro parque de ocio Mundo Ilusión, impulsado por la Diputación de Castellón".