El Supremo rechaza la revisión de 72 ejecuciones de la dictadura franquista

La reclamación a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de la revisión de 72 penas de muerte dictadas por los tribunales franquistas por el procedimiento sumarísimo ha sido desestimada con unos argumentos en los que se sostiene implícitamente la legalidad del alzamiento militar protagonizado por Francisco Franco en julio de 1936.

Esther Llorenç, impulsora de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo e hija de uno de los ejecutados para los que se reclamaba la revisión, se mostró ayer muy dolida por el auto judicial y aseguró que "tras 25 años de democracia muchas cosas siguen igual". La asociación pretende ahora llevar la revisión de penas al Tribunal Constitucional.

La Sala de lo Militar del Supremo considera, en su resolución del pasado 15 de junio, que las diversas proposiciones no de ley aprobadas por el Congreso de los Diputados con las que la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo pretendía demostrar la ilegalidad del alzamiento de Franco y reclamar la revisión de 72 condenas a muerte son "tan solo un juicio de valor político y ético sobre los hechos históricos a que las proposiciones de ley se refieren".

En el apartado de razonamientos jurídicos, el auto añade: "Las proposiciones no de ley alegadas por la parte son hechos, pero hechos políticos, declaraciones de intenciones programáticas. No podemos, por ello, darles más valor que el que parlamentariamente les corresponde, y, en consecuencia, ningún alcance pueden tener para producir la modificación de los hechos declarados probados en la sentencia en la que se centra la pretensión revisora...".

Llorenç mantiene que la Sala de lo Militar desacredita incluso al Parlamento, al menospreciar el valor de sus proposiciones votadas de manera mayoritaria. El abuelo de Llorenç, Juan Lorenzo Alcalde, fue condenado, según explica su nieta, "por marxista, anarquista y masón; tres cosas que no pueden ir juntas". Además, en la sentencia se le definía como "jefe del populacho de Gerona", cuando vivía en Figueres.

En las 72 peticiones de revisión de sentencia se encontraba la del escritor y publicista gerundense Carles Rahola, símbolo de la cruel represión franquista, que fue fusilado en 1939 acusado de ser catalanista.