La relación con Marruecos divide a los gestores de la mezquita de Valencia

Las acusaciones pidieron ayer ante la juez 21.000 euros a Imad Al Naddaf, delegado del Centro Islámico de España en Valencia, por daños, coacciones y desórdenes públicos por cambiar el 13 de abril pasado la cerradura de las dependencias administrativas de la mezquita de Valencia. Con ello, impedía el acceso a los gestores desde 1994, el Centro Cultural Islámico de Valencia, con el que difiere por su relación con el reino de Marruecos.

Imad Al Naddaf, delegado del Centro Islámico de España, se sentó en el banquillo como acusado de una falta de coacciones, otra de desórdenes públicos y otra de daños después de que el 13 de abril pasado cambiara la cerradura de acceso a las dependencias administrativas de la mezquita de Valencia, ocupadas por los representantes del Centro Cultural Islámico de Valencia y gestores de la misma desde 1994. Las acusaciones pidieron para él una pena de indemnización de 21.000 euros así como once fines de semana de arresto. Pero el fondo de la cuestión trasciende el hecho mismo de la cerradura. Dos modelos distintos de gestión han provocado una división que ha acabado en los tribunales, en los que hay otras causas pendientes por el destino de subvenciones.

El Ayuntamiento de Valencia es el dueño del suelo del número cinco de la calle de Palancia, donde se ubica la mezquita. En 1989 llegó a un acuerdo de cesión para uso cultural con el Centro Islámico de España, entonces no había colectivo valenciano. En 1994, el Centro Islámico de España autorizó al Centro Cultural Islámico de Valencia el uso, y empezaron las diferencias.

Imad Al Naddaf explicó ayer que "las ingerencias de estados extranjeros en la gestión de la mezquita, un espacio apolítico, sin ánimo de lucro y cultural, han distorsionado el sentido del centro". A su juicio, la relación estrecha con el reino de Marruecos de miembros de la junta del colectivo valenciano dan prueba de ello (fueron invitados a la ceremonia de coronación de Mohamed VI y mantuvieron una reunión con el ministro de asuntos religiosos). Defiende que avisó de unas obras que impedirían el uso de espacios de administración, a lo que no cedió el otro grupo.

Amparo Sánchez, de la junta directiva de la asociación valenciana, dijo que "se ha tratado de una expulsión con las obras como pretexto, plagado de mentiras que nos impide realizar nuestro trabajo".