Más cooperación judicial, policial, antiterrorista y en inmigración

Los jefes de Estado o de Gobierno de la UE pisaron ayer el acelerador de la unión política, al lanzar una segunda batería de medidas para reforzar la cooperación judicial y policial, la política común de inmigración y asilo, y la lucha antiterrorista. Los líderes reconocen que hay acuerdos anteriores todavía pendientes en algunos países, pero también que ha habido importantes progresos, especialmente en el terreno antiterrorista, una lucha renovada tras el 11-M. Ha llegado, dice la UE, la hora de lanzar la "siguiente fase".

Desde el último Consejo Europeo de marzo, que creó un plan para blindarse contra el terrorismo, los líderes han nombrado un coordinador antiterrorista -el holandés Gijs de Vries- y aprobado la propuesta del Alto Representante Javier Solana de poner en marcha una unidad de inteligencia (el embrión de una CIA europea no operativa, sólo analítica de amenazas) de unos 40 expertos nacionales. Ahora piden a Solana que la ponga en marcha "cuanto antes".

Los líderes aprueban en esta Cumbre la cláusula de solidaridad para ayudar, incluso con medios militares, a un socio de la UE golpeado por el terrorismo, y constatan la aprobación de la directiva de protección a las víctimas del terrorismo y la creación de una unidad operativa antiterrorista en Europol. Entre los asuntos pendientes están el registro de datos de los pasajeros aéreos, el uso de los datos de las comunicaciones y el acuerdo sobre los pasaportes con datos biométricos. Además, este año se lanzará una política "coherente" contra la financiación del terrorismo.

La unión política requiere otras medidas, basadas en el reconocimiento mutuo de los sistemas judiciales. El programa quinquenal lanzado en la Cumbre de Tampere de 1999 continuará con un programa que podría llamarse Tampere 2. Entre lo ya hecho se cuenta la directiva de reunificación familiar de los inmigrantes, la norma relativa a los procedimientos de asilo, la de admisión de los nacionales de terceros países o el reglamento para créditos no impugnados, además de la euroorden de entrega que está acabando, aunque con retrasos de países como Alemania e Italia, con los largos procedimientos de extradición.

El Consejo pide ahora que se ponga en marcha a principios del próximo año la Agencia Europea para la Gestión de Fronteras. La Comisión ya ha propuesto una protección común para los refugiados y la conveniencia de gestionar la inmigracíón legal con cuotas.