Los condenados de El Ejido dicen que habrá violencia si van a prisión

Si van a la cárcel podrían repetirse los sucesos de febrero de 2000. Ese es en síntesis el argumento utilizado por Francisco Palenzuela y Juan Antonio Fernández, los dos empresarios de El Ejido condenados a 15 años por secuestrar y apalear a tres inmigrantes, para justificar su petición de indulto al Ministerio de Justicia. Junto a su solicitud, que ha podido ser leída por este periódico, los condenados adjuntan las 57.214 firmas recabadas entre los vecinos a favor de su perdón, y dos certificados de buena conducta expedidos por el alcalde, Juan Enciso, del PP.

Palenzuela y Fernández no están de acuerdo con la sentencia de la Audiencia de Almería ratificada por el Tribunal Supremo que les condena a 15 años de cárcel por dos delitos de lesiones y tres de detención ilegal cometidos contra dos argelinos y un marroquí en diciembre de 1997. Además de solicitar su indulto al Gobierno, los reos recurrieron la sentencia ante el Tribunal Constitucional y pidieron la suspensión de su entrada en prisión.

Los condenados enviaron su petición de indulto al Ministerio de Justicia el pasado 18 de mayo, firmada -como su recurso ante el Supremo- por el abogado del Ayuntamiento, Francisco José Sánchez Ramón. El escrito pide el perdón total o, en su defecto, la reducción de sus penas de 15 a dos años por considerar excesiva la condena. La adopción de esas medidas evitaría la alarma social que produciría la entrada en prisión de los agresores, algo que, según el documento, podría derivar en sucesos de consecuencias insospechadas similares a los ocurridos en febrero de 2000, cuando centenares de vecinos tomaron las calles agrediendo a inmigrantes y destrozando sus negocios.

La petición reitera la intachable conducta de los condenados y hace su propio análisis de la situación social de El Ejido, municipio en el que, según el documento, se vive un conflicto latente. Esa situación de calma tensa, dice el escrito, crece azuzada por algunos medios de comunicación que han intentado insistentemente y sin éxito hablar con los condenados y han realizado pronunciamientos que podrían provocar violencia entre la población.

La solicitud de indulto asegura que los empresarios no han aparecido en ningún medio de comunicación, pero la radio municipal, Radio Ejido, y la televisión local Ejido Televisión (de línea editorial cercana al equipo de gobierno) emitieron tras la condena amplias entrevistas en las que los condenados pidieron abiertamente la firma de sus vecinos a favor del perdón.

La petición incorpora dos certificados de buena conducta expedidos por el Ayuntamiento y firmados por el alcalde, Juan Enciso (PP). En ellos se afirma que los empresarios se han reinsertado en su ámbito social, laboral y familiar según los datos de la Policía Local y sus relaciones de vecindad con el propio regidor. El certificado de Palenzuela recuerda que su mujer y sus dos hijos dependen de su trabajo al frente de su empresa. El de Fernández señala que tiene 19 empleados a su cargo en su negocio de distribución de pollos.

La solicitud se sostiene igualmente en el acuerdo del pleno municipal del 17 de mayo, que aprobó por unanimidad apoyar el indulto; las 57.214 firmas recogidas entre los vecinos por los agresores, el libro de familia de Palenzuela y un documento de la Seguridad Social con los nombres y apellidos de los empleados de Fernández.

Los condenados recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo. El recurso, presentado el 6 de mayo, repite los argumentos que desestimó este tribunal. Asegura que el juicio vulneró la presunción de inocencia así como su derecho a la tutela judicial efectiva. El texto considera que no se probó con suficiencia la participación de los acusados en los hechos y argumenta que dos de las víctimas no comparecieron en el juicio oral.

El Supremo rechazó esa versión el pasado 22 de abril. La aparición de un bate de béisbol y un madero manchados con la sangre de los magrebíes en el coche de Palenzuela "es un hecho objetivo incuestionable", relata la sentencia. El tribunal considera suficientes las declaraciones de las víctimas durante la instrucción así como las ruedas de reconocimiento en las que señalaron a sus agresores, actos en los que estuvo presente la defensa de ambos.

Los condenados han pedido al tribunal que se suspenda su entrada en prisión hasta que el Gobierno resuelva el indulto. El pretexto, como en el escrito enviado a Justicia, es la alarma social que podría provocar.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró el pasado 20 de mayo que el Gobierno no indultará a los dos empresarios ni a ninguna otra persona condenada por delitos xenófobos o que vulneren los derechos fundamentales.