La Junta ordena la retirada de los recursos a la ley de financiación

El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó ayer a sus servicios jurídicos para que inicie la retirada de los 11 recursos que el Ejecutivo autónomo interpuso desde 1997 y hasta el 2001 contra las sucesivas leyes que han modificado los sistemas de financiación de la comunidad autónoma. Asimismo, la Consejería de Economía desistirá de los cinco contenciosos administrativos que por el mismo motivo tiene planteados en los tribunales contra el Estado.

Según informó ayer el portavoz del Gobierno, Enrique Cervera, el Consejo de Gobierno ordenó a su asesoría jurídica la retirada de un total de 11 recursos ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca); determinados preceptos de la Ley de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas; el sistema de financiación autonómica 1997-2001; el decreto-ley que establece la participación de Andalucía en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001; la modificación de la Ley del IRPF aprobada en 1998; y contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 y sus respectivas leyes de acompañamiento.

Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda desistirá del recurso contencioso administrativo interpuesto ante el Tribunal Supremo por el Gobierno ante el fallo de la Audiencia Nacional que le dio la razón a la comunidad en la reclamación de fondos por la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y que está pendiente desde 2002. También retirará los recursos ante el Supremo contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que falló a favor del Ejecutivo central en las reclamaciones por la PIE de 1998 y 1999. Los otros contenciosos correspondientes a 2000 y 2001, aún pendientes de sentencia, también serán retirados.

Según Cervera, con esta medida se pone fin al "intenso litigio judicial" mantenido por ambas administraciones sobre este asunto durante las dos últimas legislaturas, fruto del acuerdo que alcanzaron el jueves de la pasada semana ambas administraciones para el pago de 2.500 millones de euros en concepto de esas cantidades de financiación autonómica reclamadas por Andalucía.