Costas recorta en ocho hectáreas el dominio público en Agua Amarga

La Dirección General de Costas ha recortado en ocho hectáreas -de 36 a 28- la zona de dominio público en el Saladar de Agua Amarga, un humedal protegido al sur del término municipal de Alicante. El colectivo Ecologistas en Acción denuncia que la medida la adoptó "in extremis" el director en funciones del departamento por "presiones" de la propiedad de los terrenos, la firma de calzado Kelme.

Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción del País Valenciano, subrayó que el anterior director en funciones de Costas, José Trigueros, firmó la resolución el 12 de abril de este año, "días antes de dejar el cargo, y sin hacer publicidad del acuerdo", precisó.

En la resolución, Costas aprobaba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, aceptando la propuesta que hizo en trámite de audiencia de 10 días el principal propietario del suelo, los hermanos Quiles Navarro, dueños de la mercantil zapatera ilicitana Kelme.

A juicio de los ecologistas, la propuesta de recortar en 8 hectáreas la zona de dominio público "no está fundamentada" en ningún informe técnico o científico, "sino únicamente en unos planos que se presentaron por una de las partes en trámite". "Por el contrario", añade un comunicado de el colectivo naturalista, "el proyecto de deslinde elaborado por el servicio provincial de Costas de Alicante, que ha permanecido inalterable durante 12 años de tramitación, cuenta con importantes informes en su favor de organismo oficiales de tanto prestigio como el Cedex o la Universidad de Alicante".

Costa justifica el nuevo deslinde en la inundabilidad de algunas balsas salineras que forman parte del Saladar de Agua Amarga, ya que se encuentran en cotas inferiores al nivel del mar en fase de máxima pleamar. "Pero hay que tener en cuenta que el Saladar de Agua Amarga cuenta con un canal de conexión directa con el mar", replican los ecologistas.

Los ecologistas, que han presentado un recurso de reposición ante el Ministerio de Medio Ambiente, insisten en que "la presión de los propietarios ha hecho que la Dirección General de Costas desoiga a sus propios técnicos y acepte una propuesta que el resto de las partes personadas no hemos podido conocer para alegar o presentar alternativas".