Agricultura impulsará un consejo consultivo con sindicatos del sector

El Ministerio de Agricultura institucionalizará el funcionamiento de los Consejos Consultivos con las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) -Asaja, UPA y COAG- para el desarrollo y funcionamiento de la política agraria. El objetivo es que exista un órgano institucional en función del mapa de representatividad de las elecciones de las últimas dos décadas en las Cámaras Agrarias, que van a desaparecer.

Frente a la actual situación, donde cada Administración funciona según la voluntad de los políticos de turno, se van a impulsar los Consejos Consultivos. En paralelo al funcionamiento de esta nueva estructura, Agricultura pretende, de acuerdo con el conjunto de las comunidades autónomas, liquidar definitivamente las Cámaras Agrarias, que llevan dos décadas a la deriva sin ninguna definición y papel real en el sector agrario, salvo plataformas para la celebración de elecciones en algunas comunidades autónomas. Igualmente, el ministerio quiere definir más claramente el papel de las organizaciones agrarias y de las cooperativas para que no haya choque de competencias y funciones.

La futura representatividad y el diálogo con el sector fue uno de los puntos debatidos los últimos días en las reuniones mantenidas por la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, con las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG, así como con la Confederación de Cooperativas, cuyas exigencias se concretaron en las ayudas para compensar la subida de los precios del gasóleo, la aplicacion de las reformas de algodón, tabaco y aceite y el desarrollo de la nueva Política Agrícola Común (PAC). Mañana se celebrará en Madrid la primera conferencia sectorial con la Administración socialista.

En relación con el gasóleo,Agricultura afirma estar estudiando la situación. Se considera que la subida puntual de hace unas semanas no justifica adoptar medidas inmediatas, aunque quiere plantear una armonización fiscal a la baja en toda la UE. En el sector del algodón, la Administración mantiene su compromiso de elevar un recurso contra la reforma en Bruselas antes del 14 de julio y propugna programas medioambientales en lugar de semillas genéticamente modificadas para el futuro del cultivo. En el olivar, los trabajos para la futura distribución de los fondos se iniciarán en julio para desarrollar los debates en septiembre.

En relación con la reforma de la Política Agrícola Común, de acuerdo con el compromiso suscrito con las comunidades autónomas el pasado diciembre, el Gobierno comunicará a Bruselas antes de agosto su decisión de aplicarla en 2006. Agricultura es partidaria de su aplicación uniforme para todo el territorio nacional.

Para decidir la política de modulación y opciones sobre pagos desacoplados planteadas por la UE, Agricultura tiene de plazo hasta agosto de 2005 para elevar su decisión a Bruselas, aunque el objetivo es que las negociaciones se cierren cuanto antes. El ministerio quiere que, sobre este punto, se posicionen las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias.