Confesión de un fundamentalista marroquí

Tengo miedo. No puedo hablar". Buchaib Magder aprovecha los escasos momentos de distracción del director de la prisión central de Kenitra, Abdelhadi Bellous, que atiende una llamada telefónica urgente o despacha brevemente con un subordinado, para pronunciar en voz baja alguna que otra frase en español y explicar su cautela ante el periodista que ha venido a visitarle.

Magder, de 38 años, fue condenado a muerte hace 11 meses, por terrorismo, por la Corte de Apelación de Casablanca. Hace siete meses ingresó en la cárcel de Kenitra, donde ha sido reagrupado, en la sección A, con otros presos islamistas sentenciados también a muerte o a cadena perpetua por actividades terroristas.

"Mire, yo soy un musulmán marroquí que practica el islam al estilo marroquí; que se esfuerza por conocer mejor su religión, darla a conocer y busca el bien"

Mohamed Tabet, un comisario de policía proxeneta, fue, en 1993, el último condenado a muerte en ser ejecutado en Marruecos

"La condena a muerte fue un choque indescriptible. Confiaba en que el tribunal me iba a absolver. Además, imagínese, creía que me iban a matar enseguida"

El ministro de Justicia precisó que en un año 2.112 islamistas han sido procesados y, hasta ahora, 903 condenados, 17 de ellos a la pena capital

Hasta que, el 28 de diciembre de 2002, fue detenido en el puerto de Tánger, cuando se dirigía a Casablanca para visitar a sus hermanas, Magder era el carnicero musulmán de Burgos y ejercía, a la vez, los viernes, de imán de la mezquita de la ciudad. Se había casado con una española convertida al islam antes de conocerle, Hawaa Monfort, con la que tuvo dos hijos. Antes de hacerse musulmana se llamaba Eva María.

"Ese día de diciembre rompieron mi vida", asegura el ex carnicero en el despacho del director adonde ha acudido desconcertado y nervioso. En un esfuerzo de transparencia, el ministro marroquí de Justicia, Mohamed Buzubaa, ha autorizado, por primera vez, a un periodista a entrar en la famosa cárcel de Kenitra, a unos 40 kilómetros al norte de Rabat, para conversar con Magder, esposo y padre de españoles.

Pero la dirección de asuntos penitenciarios ha puesto restricciones a esta visita alegando que se trata de "un terrorista". El reo ha tenido que dar su acuerdo por escrito a ser entrevistado por el corresponsal de EL PAÍS, la conversación deberá desarrollarse exclusivamente en francés, el preso no podrá ser fotografiado y el recorrido por la cárcel sólo se limitará a los tres talleres en los que unos 60 prisioneros -el 0,03% de los reclusos- aprenden un oficio.

Aún así merece la pena. Construida por los franceses hace 68 años, Kenitra es un mojón en la historia de Marruecos. Es aquí dónde, en los años setenta y ochenta, purgaron sus condenas militares golpistas y cientos de izquierdistas condenados en tiempos de Hassan II, empezando por el célebre Abraham Serfaty, que pasó 17 años detrás de los barrotes de la prisión central antes de ser expulsado de Marruecos.

En sus exiguas celdas con paredes desconchadas muchos adversarios del difunto monarca, que ahora desempeñan a veces cargos en la Administración, llevaron a cabo largas huelgas de hambre, que mermaron su salud -Serfaty se desplaza en silla de ruedas-, para obtener el estatuto de presos políticos o simplemente poder continuar sus estudios a distancia.

En Kenitra ya no hay izquierdistas. Entre sus más de 2.000 presos conviven, en cambio, varios cientos de islamistas sentenciados a muerte o a penas de larga duración después de los atentados que hace 13 meses sacudieron Casablanca causando 45 muertos, cuatro de ellos españoles.

No hace falta franquear la enorme puerta metálica para averiguar que buena parte de los moradores de la cárcel son islamistas. Basta con observar el atuendo de las mujeres que esperan a la entrada para poder visitar a un hermano o un marido prisionero. A muchas de ellas sólo se les ven los ojos porque el resto de su rostro está tapado y en las manos llevan guantes negros. La imagen recuerda más a Arabia Saudí que a Marruecos.

Temor a los agentes del DST

"¿De qué tiene miedo?", le susurra el entrevistador a Magder. "No de éstos, de los otros", murmura el reo al tiempo que hace gestos con los ojos y, por debajo de la mesa, con las manos, que su interlocutor debe interpretar. Los primeros a los que se refiere son los funcionarios de prisiones; los segundos son los agentes de la Dirección de Supervisión del Territorio (DST), la policía política marroquí.

Cuando, el año pasado, estaba encarcelado en Salé, cerca de Rabat, el periodista marroquí Alí Lmrabet, condenado por ultraje al rey Mohamed VI, denunció que la DST campaba a sus anchas en la prisión interrogando y amenazando a los reos. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) pidió, en marzo, una investigación sobre los malos tratos de Kenitra. "No hay nada de eso", desmiente Abdelhadi Bellous, de 47 años, director de prisión. "Se requiere una autorización judicial para que la policía interrogue o investigue aquí".

Estén o no sometidos al acoso de la temible DST, su encarcelamiento es más duro. De ahí que los islamistas hayan reanudado la tradición de las huelgas de hambre. "Sí hicimos una, fue larga", recuerda Magder con la cabeza gacha. Duró cerca de un mes y de los 86 reos que la hacían dos fueron hospitalizados en coma, según la AMDH.

Simultáneamente, en el exterior, las mujeres de islamistas se manifestaban con sus hijos antes de que les reprimiesen los antidisturbios.

"Al final salió bien la cosa", prosigue el antiguo imán. "Nos dejaron leer la prensa, prolongaron nuestra salida al patio de una a seis horas al día y nos permitieron ver la televisión", añade. "Cada día, un familiar nos trae comida y la compartimos entre 12 presos". El rancho de la cárcel ni lo prueban.

"Pese a todo, estoy mal, muy mal, destrozado", prosigue el preso. "La condena a muerte fue un choque indescriptible. No me lo esperaba. Al contrario, confiaba en que el tribunal me iba a absolver. No hay ninguna prueba que avale la acusación. Además, imagínese: creía que me iban a matar enseguida. Ahora he oído decir que el ministro de Justicia no quiere que se aplique. No sé qué pensar. Siempre está esa espada que pende sobre mi cabeza. Esperemos que el ministro no cambie de opinión".

Mohamed Tabet, un comisario de policía proxeneta, fue, en 1993, el último condenado a muerte en ser ejecutado en Marruecos. Desde entonces, 142 marroquíes sentenciados a la pena capital, entre ellos 17 islamistas, confían en que no habrá ninguno más. "Estaré entre los que aplaudirán la abolición de la pena capital", declaró, a título personal, el titular de Justicia marroquí, pero ni él ni su partido, el socialista, han presentado un proyecto de ley que la abrogue. Buzubaa sólo ha anunciado un seminario para reflexionar sobre la reforma del código penal.

Fue Mohamed Damir, brazo derecho del fanático Yussef Fikri, quién soltó el nombre de Magder durante un interrogatorio. "¿Cómo no nos vamos a conocer?", se pregunta el ex carnicero, "si Damir y yo éramos vecinos en Casablanca". "Damir confesó que le había entregado unas casetes religiosas; la verdad es que no me acuerdo: aquello fue ya hace 10 años pero, en todo caso, serían legales, de las que se venden en la calle". Damir y su jefe fueron también sentenciados a muerte.

"Mire, yo soy un musulmán marroquí que practica el islam al estilo marroquí, que se esfuerza por conocer mejor su religión, darla a conocer y busca el bien", asegura Buchaib Magder. "Porque no tenía nada que reprocharme, regresé con mi familia de vacaciones a Marruecos en 2002. Creo que he sido víctima de un grave error judicial".

"Buchaib y yo", explica su mujer desde Gata de Gorgos (Alicante), "somos integristas porque asumimos íntegramente el Coran y la sunna [testimonios de la vida del profeta], pero de ahí no hay que deducir que él es terrorista". "Rechazamos la violencia venga de donde venga. Condenamos los atentados".

La policía española no tiene queja alguna del Magder, al que apodó "el carnicero de Burgos". Durante sus cuatro años de estancia en España no cometió ningún delito ni desarrolló actividades sospechosas. Era, eso sí, un hombre muy piadoso al que enmarca en el salafismo, esa corriente religiosa extremista originaria de Arabia Saudí.

Al imán esporádico de Burgos, el Tribunal de Apelación de Casablanca le consideró, no obstante, culpable de revender objetos robados en Europa para financiar actividades terroristas, pero no mantuvo contra él ningún delito de sangre. "El procedimiento que se ha seguido contra él es insuficiente porque las investigaciones que se debían haber llevado a cabo para establecer la verdad no se hicieron, lo que conculca los derechos de la defensa", sostiene Abderrahim Berrada, el que fue abogado de Serfaty y que profesa ideas laicas.

"La condena de Magder no me parece, en absoluto, fundada", prosigue Berrada, quien tuvo acceso al dosier del ex carnicero. "Este hombre no ha cometido, en mi opinión, ningún acto terrorista ni ningún delito o crimen, de manera que una jurisdicción penal que hubiese respetado las normas internacionales habría tenido que absolverle".

Magder dormía en una celda colectiva de la cárcel de Okacha, en Casablanca, cuando el 16 de mayo de 2003 12 kamikazes islamistas se volaron en cinco lugares de la ciudad, uno de ellos el restaurante de la Casa de España. Otros presos le despertaron para ponerle al corriente. "Cuando supe lo sucedido me temí que trajese consecuencias negativas para mi asunto", recuerda el reo.

No sólo las tuvo para Buchaib. "Después de los atentados de Casablanca, la lógica de la justicia no ha sido una lógica de búsqueda de la verdad, sino de represión y de venganza", declaraba Patrick Baudouin, presidente honorífico de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que ha investigado en Marruecos. En total, según el ministro Buzubaa, 2.112 islamistas han sido procesados, y, hasta ahora, 903 condenados, 17 de ellos a la pena capital.

Los juicios han sido "expeditivos", prosigue este abogado francés. "Aunque las sentencias han sido muy severas, los juicios apenas han durado unas horas". "No se escuchó a los testigos". "Los jueces de instrucción han, incluso, denegado exámenes médicos para los inculpados que se quejaban de haber sido maltratados o torturados".

"No niego que no haya habido algún exceso, pero sí desmiento que hayan sido generalizados", aseguró Buzubaa en una entrevista, en febrero, con EL PAÍS.

Precipitación judicial

Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos y los islamistas moderados del Partido de la Justicia y del Desarrollo han sido los primeros en levantar la voz contra lo que Abdelá Baha, presidente de su grupo parlamentario, describe como "precipitación judicial". "Espero que su majestad dé instrucciones para que se reabran las investigaciones y que

sean ecuánimes", declaraba Abdelilá Benkiran, otro dirigente del PJD.

Desde España también se ha intentado echar una mano al ex carnicero para que, por lo menos, su mujer y sus hijos puedan ir a visitarle. Tras la detención de su marido, Eva María se instaló en Casablanca para poderle visitar y encontró incluso un trabajo para una imprenta, pero fue expulsada del país. "Ni siquiera me llegan las cartas que me envía a través del Consulado de España y tampoco tengo derecho a llamarla por teléfono", se queja Magder. El director de la cárcel asegura no haberlas recibido.

El Ayuntamiento de Burgos, en manos del PP y de Izquierda Unida, y, sobre todo, un colectivo catalán, encabezado por el diputado de CiU Carles Campuzano, se han movilizado para pedir al Gobierno que actúe para que a Magder le sea conmutada la pena de muerte y que su mujer pueda verle aunque sea a través de una verja de seguridad.

A su regreso de Casablanca, donde acompañó en abril al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, escribió a Campuzano: "El Gobierno ha realizado diversas gestiones ante las autoridades marroquíes manifestando su rechazo a la pena de muerte (...)". "(...) se han cursado instrucciones al Consulado en Casablanca para que realice todas la gestiones posibles ante las autoridades marroquíes con el fin de que permitan la visita de la señora Monfort y sus hijos al detenido, o para que, al menos, se establezca alguna vía regular de comunicación entre ellos".