Aprendizaje de oposición

Esta semana, el Consejo de Estado ha resuelto la consulta que le había sido elevada con carácter de urgencia por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre la aplicación de la LOCE por el Gobierno de la nación. En la propia ley, se habilitaba al Gobierno para que fijara mediante Real Decreto el calendario de aplicación de la misma. El Ejecutivo presidido por José María Aznar, haciendo uso de dicha habilitación, estableció un calendario y el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, haciendo lo propio, estableció otro distinto. En opinión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, esta decisión del PSOE no se ajustaba a derecho, en la medida en que, una vez que se había fijado un calendario, era ya la Comunidad Autónoma la que tenía la competencia para ponerlo en práctica y, en consecuencia, la actuación del Gobierno de la nación suponía una invasión de dicha competencia. Como es sabido, el Consejo de Estado no ha atendido la reclamación del Gobierno de la Comunidad de Madrid y ha considerado que el Real Decreto se ajustaba a derecho. Con este dictamen del Consejo de Estado no quedan despejadas todas las dudas, ya que el Real Decreto ha sido recurrido por los Gobiernos de todas las comunidades autónomas dirigidas por el PP ante el Tribunal Supremo y, en consecuencia, hasta que éste no dicte sentencia no estará dicha la última palabra.

Hay un componente normal y otro anormal en este conflicto. El anormal tiene que ver con la materia en relación con la cual se traba el conflicto. En materia de educación, no debería producirse un conflicto de esta naturaleza. Si hay una materia en la que no se puede estar cambiando de dirección según sean los resultados electorales, es esta. Las diferencias entre los modelos educativos de los que sean portadores los distintos partidos políticos no deberían ser nunca tan grandes como para que no fuera posible llegar a un consenso. Consenso que no tiene porque ser total, pero que sí debe extenderse a las líneas generales del modelo educativo. Cada nuevo Gobierno podría introducir retoques, pero no dar la vuelta al modelo como si de un calcetín se tratara. Tiene que haber una continuidad básica en el terreno educativo o, en el caso de que se considerara que hay que dar un vuelco en la política educativa, habría que hacerlo mediante un gran acuerdo no sólo entre los distintos partidos, sino también en el seno de la sociedad. Es demasiado lo que está en juego para que nos podamos permitir el lujo de cambiar por completo de política educativa con cada cambio de Gobierno.

Pero hay un componente normal. En un Estado políticamente descentralizado tiene que considerarse normal que Gobiernos de las unidades subcentrales de distinta procedencia al central se enfrenten con éste. Para eso, entre otras cosas, es para lo que sirve la descentralización política. El partido que tiene la mayoría en las elecciones generales y constituye el Gobierno de la Federación, del Bund, del Estado, no suele tener la mayoría en las elecciones de todas las unidades políticamente descentralizadas y, en consecuencia, tiene que contar con que la oposición se la va a hacer, no sólo el partido que quedó en minoría en las elecciones generales, sino también los Gobiernos regionales en los que este último sea mayoritario.

En los Estados descentralizados bien constituidos esta oposición se expresa en la propia organización federal a través de la Segunda Cámara. Que se lo digan al Canciller Schröder, que tiene a casi todos los Länder en contra en el Bundesrat. Pero en todos existe, además, la oposición que se le hace al Gobierno federal por parte de los gobiernos de las unidades descentralizadas.

No hay, por tanto, por qué rasgarse las vestiduras con lo que ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Si entendía que estaba en su derecho al actuar de esta manera, ha hecho bien en intentar hacer valer dicho derecho. El Consejo de Estado le ha dicho que no tenía razón y el conflicto está resuelto. No creo que quepa hablar en este caso de exigencia de responsabilidad política de ningún tipo.

Hay un componente pedagógico en este conflicto que me parece que vale la pena que sea subrayado. Es el aprendizaje por parte del PP en el uso de los instrumentos que él mismo ha satanizado cuando estaba en el Gobierno. En Andalucía, hemos tenido una larga experiencia en este terreno. Al Gobierno de la Junta de Andalucía se le ha reprochado, un día sí y otro también, que no tenía más política que la confrontación con el Gobierno de la nación y que el PSOE estaba utilizando al Gobierno andaluz para desgastar al Gobierno del PP. Se le ha acusado de desleal y se le ha penalizado no sólo económicamente, sino también competencialmente, mediante la no transferencia de competencias que figuraban en el Estatuto de Autonomía o mediante la sustracción de competencias que ya estaban transferidas mediante medios torticeros, como ocurrió singularmente con la traslación al Ministerio de Economía del control de Caja Sur.

Es bueno que el PP en la oposición aprenda cómo funciona un Estado políticamente descentralizado y que entienda que las reglas del juego político son distintas en este tipo de Estado de las que operan en un Estado centralizado. Lo que ha estado haciendo el Gobierno de Andalucía durante estos ocho años ha sido completamente legítimo. Ha defendido un espacio para hacer oposición del que ahora puede hacer uso el PP. En democracia, hay que aprender a ganar y a perder en todos los niveles en los que se gobierna. Y, en el Estado de las Autonomías, eso complica la acción de Gobierno. La de todos, la del central y la de los autonómicos. Afortunadamente.