Los afectados por la explosión de Leganés exigen el derribo del bloque

Las 15 familias que vivían en los bloques 38 y 40 de la calle de Carmen Martín Gaite, de Leganés, donde el pasado 3 abril se suicidaron siete terroristas islámicos que habían participado en la colocación de las mochilas bomba del 11-M, pidieron ayer al Ministerio del Interior que derribe el edificio. Los vecinos argumentaron que no confían en que la rehabilitación del edificio sea segura porque "se encuentra destrozado".

Los vecinos no se sienten seguros y quieren que los bloques afectados por la explosión terrorista, en la que también murió un agente del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Francisco Javier Torrenteras, sean derruidos. Los dueños de los 15 pisos de la calle de Carmen Martín Gaite y otros inquilinos de la mancomunidad de la calle de Flora Tristán, en el barrio de Leganés Norte, acordaron por unanimidad en una reunión el pasado martes que se acometa la demolición "urgente" del inmueble, y que "se mantengan los elementos de bajo rasante como la cimentación, los garajes y los trasteros".

Entre sus solicitudes, se incluye la de que se establezca un perímetro de vallas seguro en torno al edificio siniestrado y a las instalaciones comunes, "que garantice la seguridad de los residentes y los viandantes"; y que se agilice la rehabilitación del resto de las zonas comunitarias "que no se pueden usar aún" y que permitan "normalizar la vida a los residentes".

La portavoz del grupo de vecinos, Eva Alvarado, sostuvo que no confían en que la rehabilitación del edificio sea segura. "Los propietarios no nos sentimos seguros", afirmó.

El Ayuntamiento de Leganés se muestra dispuesto a apoyar las peticiones de los afectados. El concejal de Obras del Consistorio leganense, Mariano Maroto, aseguró que respetarán las decisiones que tomen las familias. "Vamos a respaldar lo que ellos decidan incondicionalmente", afirmó el edil, que recordó el compromiso adquirido por el pleno el pasado 8 de junio, en el que por unanimidad fue aprobada una moción para respaldar a los vecinos.

Pero, según explicó Maroto, la decisión de derruir o no está todavía a la espera de los resultados del proyecto de rehabilitación -que estará listo en 15 días, según el edil- y que elabora la empresa Initec. "Es un proyecto de rehabilitación que contempla las partidas económicas", explicó.

En función de los resultados, apuntó el responsable de Obras, se dilucidará el futuro del bloque. "Si el proyecto de rehabilitación supone más del 50% del valor del inmueble en el mercado, el edificio será derribado", dijo Maroto: "En caso contrario, la solución la debe tomar el Ministerio del Interior, el Consorcio de Seguros, el Ayuntamiento y los vecinos".

En las terrazas de las viviendas colgaban ayer pancartas en las que se leía: "Mucha burocracia y poca eficacia" o "Solución urgente a nuestras casas, ya".