Los primeros 500 pisos del PAU de Carabanchel ya pueden ser habitados

El Ayuntamiento firmó ayer las primeras tres licencias de primera ocupación del PAU de Carabanchel. Corresponden a 500 viviendas de precio libre, del total de 11.350 pisos, incluyendo las viviendas protegidas, con las que contará el nuevo barrio del suroeste de la capital. La gerente de Urbanismo, Beatriz Lobón, señaló que las firmas se han producido después de "asegurar" las condiciones de las obras de urbanización. Una vez iniciado el proceso, Lobón añadió que las licencias se concederán de acuerdo a las solicitudes presentadas ante el Ayuntamiento "con la mayor rapidez posible".

Las 500 nuevas viviendas pertenecen a la Unidad de Ejecución 2 -la más avanzada- del Plan de Actuación Urbanística (PAU), en las calles de Patrimonio de la Humanidad, Pinar de San José y la avenida de la Peseta. Los pisos estaban terminados desde hace tiempo, pero el principal escollo para que recibieran la licencia de ocupación era la falta de condiciones de habitabilidad de la zona, como por ejemplo infraestructuras, agua, luz, etcétera. Ni siquiera contaban con calles asfaltadas.

Estas carencias ya han sido solventadas en parte. En este sentido, Beatriz Lobón declaró que, antes de otorgar las licencias, la Gerencia Municipal de Urbanismo aseguró "que las obras de urbanización garantizan la seguridad vial y el suministro de los servicios de luz, agua, gas y teléfono a los servicios". Asimismo, afirmó que las licencias de ocupación se irán sucediendo a medida que las obras de urbanización en el PAU se vayan solucionando.

Hasta que se ha llegado a este punto han pasado años de angustia y reclamaciones por parte de los vecinos. Los pisos del nuevo barrio, proyectado en 1995, empezaron a comercializarse a partir de 1997 con la promesa de que serían entregados poco después. Hasta el momento sólo 3.000 de estas viviendas están listas, el 20% del total, según la plataforma de afectados del PAU.

La causa de este retraso se debe a que las licencias de obras de construcción fueron concedidas simultáneamente con las de urbanización, cuando lo habitual es conceder primero la de urbanización. Según fuentes del Ayuntamiento, la Junta de Compensación, presidida por Manuel Dapena, invirtió la mayor parte del dinero en la construcción de los pisos, dejando de lado las obras de urbanización. Así pues, mientras que en la edificación de los pisos se cumplieron, en muchos casos, los plazos previstos, la urbanización no seguía el mismo ritmo. "Esto provocó que no se pudieran conceder las licencias de primera ocupación a los edificios terminados, ya que no se cumplía el compromiso de ejecución simultánea entre la urbanización y la edificación", explican las mismas fuentes.

Último pleno municipal

En el último pleno del Ayuntamiento, celebrado a finales del pasado mes de mayo, se decidió poner fin a esta situación de incertidumbre para los futuros inquilinos, y se acordó acelerar el proceso de las obras de urbanización para estar en condiciones de otorgar las licencias en el plazo de un mes. El Consistorio, aseguran estas fuentes, pensó incluso forzar las obras mediante acción sustitutoria -el Ayuntamiento realizaría las obras y luego pasaría la factura a los promotores-, pero los trámites, que hubiesen retrasado las licencias otros ocho meses más, hicieron que el Ayuntamiento desistiera de esta medida.

No fue necesario, ya que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, enviados a diario para comprobar el estado de las obras, por fin pudieron dar el visto bueno para que los primeros vecinos puedan habitar el barrio.

Aunque las obras de urbanización básica ya han concluido, aún quedan algunos equipamientos por construir. El problema radica en que el PAU "es un desarrollo privado, cuyas obras las ejecuta la Junta de Compensación, integrada por los propietarios del suelo", recordó Lobón.

La plataforma de afectados del PAU teme que hasta que el Ayuntamiento no recepcione el nuevo barrio, estos equipamientos (como escuelas, centros de salud, etcétera) no serán construidos, ya que la norma establece que deberían ser responsabilidad de la Junta de Compensación, y "no nos fiamos de que lo vayan a hacer", asegura un portavoz.

Por otro lado, las tres licencias otorgadas ayer por el Ayuntamiento se limitan a pisos de precio libre. Según el portavoz de la plataforma, este tipo de pisos son una minoría frente a los pisos de protección oficial con los que contará el PAU. La plataforma denuncia que las obras de la mayoría de estos pisos se encuentra paralizada "porque Manuel Dapena trata de aplicar el último módulo establecido por la Comunidad [la tarifa establecida por el Gobierno regional para la vivienda de protección oficial] y poder cobrar así más dinero, ya que los módulos suben cada año más".

La aplicación de este módulo depende del acuerdo de todos los compradores, "y claro, siempre hay alguien que se opone", afirma el portavoz. Por tanto, prosigue, "los futuros inquilinos todavía no saben cuándo podrán mudarse allí",

La Gerencia de Urbanismo no podrá conceder las licencias de ocupación a estos pisos hasta que la Comunidad no los califique como protegidos, es decir, no se aplique el último módulo.