Nadie sin futuro

En España hemos empezado a tomar plena conciencia de la importancia de la inmigración recientemente, en los últimos cinco años, periodo en el que este fenómeno ha experimentado en nuestro país un auge acelerado. Los datos son elocuentes. Según la información más reciente, facilitada por el Instituto Nacional de Estadística, la población de inmigrantes empadronados asciende a 2.672.596 personas, lo que supone, aproximadamente, un millón más que el número de residentes legales manejado por el Ministerio del Interior, que a finales del año pasado estimaba en 1.647.001 personas. El número de personas indocumentadas puede ser algo menor al millón, ya que puede haber inmigrantes que no se han dado de baja cuando cambian de localidad o cuando abandonan España, pero el padrón es a día de hoy la única fuente disponible.

Es necesario que definamos un modelo propio de integración a 20 o 25 años vista

Sería ingenuo pensar que existe una única razón para que una persona decida emigrar

La población de inmigrantes empadronados asciende a 2.672.596 personas

Estas cifras confirman que el nuestro es ya un país de inmigración, sobre todo si se tiene en cuenta que en 2003 el número de inmigrantes superó a la cifra de dos millones de ciudadanos españoles que residen en el exterior, con lo que, por primera vez, se invierte el balance migratorio. Esta nueva situación nos acerca a escenarios sociales similares al de nuestros vecinos europeos, como Alemania, Reino Unido o Francia, con larga tradición como países de inmigración.

Más allá de las estadísticas, la llegada de personas de otros países y culturas ha generado un cambio notable -posiblemente, el mayor de nuestra democracia- en nuestra realidad social y en nuestra vida cotidiana. Esto nos sitúa ante una coyuntura nueva e incierta, difícil de gestionar. Esta situación no es, sin embargo, ajena a la realidad migratoria de otros países y regiones ni, mucho menos, a la vigencia de las actuales condiciones de desequilibrio y desigualdad Norte-Sur en el marco de un mundo globalizado. Y dado que todo hace suponer que el proceso migratorio no va a remitir a corto y medio plazo, se hace necesario afrontar de manera audaz la actual situación, comenzando por analizar tanto sus potencialidades -que las tiene y son notables- para favorecerlas, como los aspectos negativos -que también existen-, para no ignorarlos. Éste sería el primer paso hacia el diseño de un modelo de integración en nuestro país que nos permita, con el concurso de estos nuevos ciudadanos, construir una sociedad mejor y más digna. En realidad, en este embate nos jugamos una sociedad, más cohesionada, económicamente solvente y solidaria, o una sociedad fragmentada, individualista y recelosa de lo ajeno. Nada menos.

La experiencia, fruto de nuestro trabajo, sugiere tres aspectos fundamentales a la hora de impulsar este proceso hacia esa sociedad mejor que cuenta en su seno con una proporción significativa de inmigrantes. El primero de ellos tiene que ver con la perspectiva del análisis. En plena ebullición del fenómeno de la globalización, situarse ante la inmigración como un proceso de carácter estrictamente local o contar únicamente con el punto de vista de la sociedad receptora sería parcial y erróneo. Es difícil entender la llegada de ecuatorianos a nuestro país sin tener en cuenta que su Estado destina anualmente el 40% del presupuesto nacional a pagar la insoportable carga de la deuda externa. Ello exige desatender campos básicos como la sanidad, la educación o las infraestructuras. Tampoco podemos ignorar que el 80% de los ahorradores ecuatorianos lo perdieron todo en 1999 por una quiebra en cadena de numerosos bancos, en medio de un gran escándalo de corrupción. Ni que el país ha tenido, en diez años, siete presidentes de Gobierno.

De igual manera no puede entenderse la salida de un colombiano de su tierra sin aproximarse a un contexto marcado por una situación de violencia indiscriminada, que ha colocado en su punto de mira a la mitad de la población. Idénticas razones de fondo pueden esgrimirse con los argentinos, que han huido de la mayor crisis institucional, política y financiera de la historia de su país. Los ciudadanos de Sierra Leona llegan a España huyendo de su interminable guerra civil. O los magrebíes, para los que las aguas del Estrecho son la vía de escape de una permanente crisis económica y política. En cualquier caso, sería ingenuo pensar que existe una única razón para que alguien decida emigrar. La emigración responde siempre a una combinación de causas que niegan la posibilidad de futuro a los que las padecen. Esa necesidad de recuperar su futuro y el de sus familias es la causa última del hecho migratorio

De ahí la imperiosa necesidad de cambiar nuestra perspectiva, de sustituir el concepto de "extranjería", que concibe exclusivamente la inmigración como un problema de entradas o salidas y que sólo comienza cuando alguien llega a nuestras fronteras, por la idea de la "migración", entendida como un proceso mucho más complejo, en el que confluyen las causas ya señaladas con otros factores de atracción, principalmente laborales y sociales, en los países de destino. Con demasiada frecuencia se presta atención únicamente al "efecto llamada", que, efectivamente, existe, pero que tiene mucha menos fuerza que el "efecto expulsión", originado por la crisis generalizada de expectativas de futuro y que es el motor dominante de las migraciones.

Un segundo elemento a tener en cuenta es la necesidad de definir un modelo de integración para nuestro país. Ya en su momento otros países europeos tuvieron que articular sus propios modelos de integración a la vista de una inmigración emergente. La vecina Francia, por ejemplo, definió un modelo basado en su "ideal republicano", que genera una ciudadanía uniforme y única en que las minorías tienen poco espacio para el desarrollo de su propia identidad (recordemos la reciente polémica suscitada por la "guerra del velo"). El Reino Unido, sin embargo, ha favorecido la integración a través del diálogo con minorías muy organizadas, que mantienen fuertemente sus características culturales. Ambos países están ahora evaluando la aplicación de sus respectivos modelos, cuando ya conviven en sus territorios inmigrantes de cuarta y quinta generación. Seguramente hay errores y aciertos en ambos planteamientos, dado que cuando estos países recibieron las mayores afluencias de inmigrantes tuvieron que tomar, sobre la marcha, decisiones sociales y políticas para afrontar el fenómeno.

Nuestra propia experiencia en las migraciones internas, entre gentes de provincias y regiones con diferentes costumbres y tradiciones culturales, también dio lugar a modelos de integración en las comunidades en las que la llegada de inmigrantes fue numerosa. Con sus luces y sombras; de esa etapa nos queda la conocida sentencia "es catalán el que vive y trabaja en Cataluña", hoy en desuso ante las nuevas migraciones. Pero continúa siendo un ejemplo de la aplicación de normas sociales que permitieron, con sus luces y sombras, la integración de muchas personas.

Aunque la situación actual es muy diferente, es también necesario que definamos un modelo propio a 20-25 años vista. Los constantes cambios en la legislación -tres reformas en 4 años-, la desconcertante situación en los colegios públicos -que varía según las comunidades autónomas- y el permanente crecimiento de una insostenible bolsa de inmigrantes en situación irregular, empujados a subsistir precariamente en actividades de economía sumergida, son algunos ejemplos de lo que está ocurriendo y de la necesidad de un modelo coherente. A pesar de todo, existen algunos elementos coyunturales que convendría aprovechar, ya que, a diferencia de muchos países de Europa, la inmigración en nuestro país se encuentra todavía en su primera y segunda generación. Este hecho, unido a la valiosa experiencia de nuestros vecinos europeos, nos sitúa en un momento especialmente idóneo para definir el modelo de inmigración más indicado para la realidad española. Pero debemos hacerlo sin demora, sabiendo que dentro de cinco años esta cuestión será mucho más compleja.

El tercer elemento sobre el que llamamos la atención tiene que ver con el modo que escojamos para abordar la situación. ¿Cómo definir un modelo de integración que pueda ser entendido y asumido por quienes vivimos en el país? La clave está en impulsar un consenso social amplio que contribuya a la consecución de un pacto de Estado sobre la migración. En este proceso deben participar todos aquellos agentes sociales -asociaciones de inmigrantes, ONG, sindicatos, empresarios, medios de comunicación, agentes de los ámbitos educativo, financiero, sanitario, cultural...- que, desde sus diferentes ámbitos, juegan algún papel en la vida cotidiana y en los procesos de la integración. A este pacto social que, afortunadamente, el nuevo Gobierno quiere impulsar, debemos sumar los esfuerzos y el conocimiento de todos los actores sociales preocupados e implicados en la realidad migratoria. Contribuiremos así, con diversas visiones, a obtener un modelo de integración ampliamente consensuado.

Éste es el momento de recoger y sistematizar los análisis y las propuestas que vienen realizando en este terreno diversos expertos/as desde distintos ámbitos y de los agentes sociales a los que nos hemos referido. Debemos generar un marco de debate claro y abierto, que permita, el análisis primero y el consenso después. Todo ello será una valiosa aportación a las fuerzas parlamentarias en su trabajo orientado a la firma de un pacto social. La dinámica abierta y participativa de este itinerario es la mejor garantía para que el acuerdo que se alcance sea efectivo en los colegios, en los mercados o en los parques, es decir, en nuestra sociedad.

Algunas organizaciones venimos caminando en esa dirección desde hace algunos meses y pensamos que es el momento de sumar a este empeño a todos aquellos que estén dispuestos a aportar sus propios puntos de vista y experiencia en la consecución de este objetivo, alcanzar un Consenso Social sobre Migración. Lo que está en juego es nuestro futuro como sociedad, ese mismo futuro que anhelan las personas que llegan a nuestro país. Seguramente nuestro modelo social será diferente -aunque semejante en algunos aspectos- al de otros países. Pero será el nuestro. Lo que está en juego es el futuro de todos, un futuro en común, un futuro para todos. Y de nosotros depende.

Delia Blanco y Nuria Gispert son presidentas, respectivamente, de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y de Cáritas Española.