Presentadas 6.163 quejas por el mal funcionamiento de la justicia
Las reclamaciones de abogados y procuradores aumentaron en 2003
Durante 2003 se recibieron un total de 6.163 reclamaciones escritas por mal funcionamiento de juzgados y tribunales, de las que el 59% se presentaron en las sedes de juzgados y tribunales según datos de la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se aprobará en un próximo Pleno. El incremento de reclamaciones se consolida con relación a los años anteriores y es significativo el aumento de las presentadas por abogados y procuradores. Paradójicamente, los juicios rápidos y las órdenes de protección se han traducido en un incremento del número de quejas por dilación.
El mayor número de demandas se refiere a quejas y reclamaciones por el funcionamiento de los juzgados y tribunales, aunque un 23,1% se refiere a cuestiones de contenido jurisdiccional. El mayor número de quejas sigue procediendo de particulares, aunque se han incrementado en un 5,2% las presentadas por operadores jurídicos (abogados, procuradores, etcétera), habiendo descendido un 2% las reclamaciones de presos.
El grueso de las quejas se sigue presentando en los órganos jurisdiccionales en tanto que en la Oficina de Atención al Ciudadano del CGPJ se presentaron directamente 1.177 (19%). Esta oficina atendió además 2.878 demandas de atención e información presentadas de forma presencial (172), por teléfono (2.120) y por correo electrónico (586).
Desde mediados de 2003 se ha producido un incremento del número de quejas por dilación, ya que la implantación de la orden de protección y de los juicios rápidos "ha supuesto un incremento del número de guardias que realizan dichos juzgados, demandando el nuevo procedimiento de enjuiciamiento rápido de delitos y faltas una mayor presencia de todos los intervinientes en el proceso, lo que inevitablemente ha llevado a un retraso en la tramitación del resto de procedimientos que no son rápidos", dice la Memoria.
El principal motivo de las quejas sigue siendo la dilación, tanto en fase de tramitación (un 75% del total por dilación) como de sentencia (7%) y ejecución (18%), quizá por la razón ya apuntada de la implantación de los juicios rápidos. El Consejo del Poder Judicial considera preocupante el incremento de quejas por el trato recibido, 10,9% del total.
Las reclamaciones relativas a la organización de los tribunales,el 54,8% se refiere a los tiempos de espera, seguidas de la organización interna (12,8%) y la ausencia del personal (12%).
Las principales reclamaciones por el trato recibido se dirigen contra el personal de secretaría (47%), el juez (30%), otro personal (17%) y el secretario judicial (6%).
El Consejo subraya la "urgente necesidad" de modificar el sistema de señalamiento de juicios en todas las jurisdicciones, pero sobre todo en los juicios penales y los de familia. Las quejas relativas a la falta de información que se facilita a las partes, peritos y testigos sobre las suspensiones de juicios se sitúan en segundo lugar de las reclamaciones relativas a la información, después de la denegación o deficiencia en la información suministrada a los ciudadanos.
También siguen siendo frecuentes las quejas por instalaciones inadecuadas, un 59,6% de las relacionadas con los medios materiales.
Del análisis global de todas las quejas, el Consejo concluye que las medidas de mejora deberían ir encaminadas a lograr una reducción de la dilación en todas sus etapas y especialmente debe someterse a revisión el sistema de señalamientos judiciales. Los datos resaltan no sólo el enorme perjuicio que se causa a los ciudadanos, sino la repercusión económica que para el Estado tiene, ya que origina numerosas indemnizaciones por desplazamientos que pudieron evitarse a cargo del Estado o de las comunidades autónomas y que en algunos supuestos terminan en procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado.
Durante 2003 ingresaron en los órganos judiciales españoles 7.320.878 asuntos. Respecto al año anterior se produjo un incremento de 213.970 asuntos (un 2,96% más), pero inferior al casi medio millón del año precedente.
La litigiosidad viene presentando un incremento continuo desde 1998, siendo el crecimiento de 2003 el más moderado: 171,4 ingresos por cada mil habitantes.
El número de asuntos resueltos ha sido inferior al de los ingresados, lo que se ha traducido en un incremento del número de asuntos que estaban tramitándose 2.127.544, un incremento del 2,12% respecto al año anterior (ver cuadro adjunto).
Considerando la tasa de resolución, la peor situación se da en Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia. Las regiones en mejor situación son La Rioja y Aragón.
Carga de trabajo
El promedio de asuntos entrados en cada órgano jurisdiccional durante el pasado año fue de 1.939 y el promedio de resolución alcanzó los 1.906 casos por órgano y año, por lo que la conclusión más relevante es que se resuelve aproximadamente el 98% de lo que entra.
El cumplimiento de los módulos de dedicación por parte de los jueces y magistrados está cifrado en un 67,13%, que llega a ser casi del 94% en el caso de los juzgados de instrucción, del 90,5% en el de los juzgados de primera instancia e instrucción, y del 81% en el de los juzgados de primera instancia. Estos módulos son los que sirven para evaluar el trabajo de los jueces y magistrados. El módulo de los que cumplen se incrementó en un 2,37% respecto al año anterior.
En cuanto al tiempo que tarda en resolverse un asunto, el promedio se cifra en algo menos de seis meses. Un porcentaje cercano al 55% de los órganos judiciales sitúan su tiempo de resolución por debajo del tiempo de respuesta que se espera de ellos.
