El Gobierno se resiste a ceder la política de inmigración

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, rechazó ayer la transferencia de la política de inmigración que, con matices, han solicitado la Generalitat de Cataluña, el Gobierno vasco y Coalición Canaria, grupo que ostenta la presidencia del Gobierno de Canarias. Sevilla declaró que esa política debe ser única para todo el Estado. Sin embargo, se mostró dispuesto a estudiar la gestión conjunta de algunas de las competencias en esa materia.

Durante el acto convocado en el ministerio que dirige para firmar el acuerdo de financiación con Andalucía, Sevilla dijo que es necesario mantener un "equilibrio entre lo que es una política que claramente debe tener una unidad de ámbito nacional, estatal" y "la gestión concreta de los papeles concretos, la aplicación concreta de normas o procedimientos de regulación de la situación de los inmigrantes y que la concesión de los distintos permisos se pueda hacer a través de las distintas Administraciones".

"Se puede hablar de ello, sin que eso quiera decir que digo que sí", precisó. Y añadió que la gestión de algunos de esos papeles "nos pueden evitar situaciones como las que hemos vivido en los últimos días", en alusión al encierro y posterior desalojo de inmigrantes en Barcelona, "simplemente ampliando el número de centros administrativos, en esa idea de que frente a los ciudadanos deberíamos actuar en asuntos importantes a la vez, de la mano y conjuntamente".

Permisos y contingente

El consejero catalán de Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, y el consejero canario de Educación, José Miguel Ruano, se reunieron ayer en Santa Cruz de Tenerife para poner en común los respectivos procesos de reforma estatutaria, y coincidieron en que las competencias en inmigración deben figurar en los nuevos estatutos de estas comunidades.

Saura apuntó que la Generalitat puede gestionar los permisos de trabajo y la definición de los contingentes anuales de trabajadores extranjeros. "Nadie puede discutir que los Gobiernos autónomos tengan competencias en inmigración", dijo.

Para Saura, las declaraciones del ministro Sevilla son positivas porque "dejan la puerta abierta" a que determinadas gestiones de la inmigración se puedan hacer desde las autonomías.

El portavoz del PP en Cataluña, Josep Piqué, consideró "razonable" distribuir las competencias en inmigración "en busca de la máxima eficacia", y aseguró que su partido estaba dispuesto a dialogar sobre el papel de la Generalitat en la expedición y renovación de los permisos de trabajo. Sin embargo, se mostró contrario a que la Generalitat fije el contingente anual de extranjeros.

El parlamentario de CiU en política social y empleo, Carles Campuzano, pidió que el nuevo Reglamento de Extranjería establezca que las comunidades autónomas otorguen los permisos temporales por razones de arraigo.