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Columna
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Falacias

Hay una falacia contemporánea: la seguridad y la intimidad son vasos comunicantes. Para que aumente la primera ha de reducirse la segunda. No es verdad. Tener a todos los ciudadanos vigilados es una manera de combatir el crimen, pero no la única. Hay otras posibilidades: analizar las causas de los delitos, que suelen estar siempre relacionados con la desigualdad económica, y abordar su solución por ahí. Pero eso cuesta más dinero y requiere preparación y estudio. Y habría que modificar cosas muy delicadas. Es más fácil poner una cámara de ojo de pez, como van a hacer en Málaga, y filmarnos a todos. Si el dictamen pendiente del TSJA no lo impide, el Ayuntamiento malagueño va a instalar 17 cámaras de vigilancia en el centro histórico. Al alcalde de Málaga le han escrito una frase bonita, para que la diga: "Queremos que la gente las reciba [a las cámaras de vigilancia] como un avance en seguridad, no como un retroceso en la intimidad".

La vocación del Estado moderno es el control total de los individuos que lo componen. En este afán no hay distinción entre izquierda y derecha. Es más, si me apuran diría que a la hora de recortar parcelas de libertad son más temibles los partidos de izquierdas que los derechas. La primera decepción que sufrimos con Felipe González vino de aquel Ministerio del Interior que dirigía Barrionuevo. Con el pretexto de luchar contra el terrorismo de ETA, tantas veces utilizado para cometer tropelías, Barrionuevo obligó a recabar información de los inquilinos que vivían de alquiler y a facilitarla al Ministerio de Interior. La medida levantó una cierta polvareda. Durante mucho tiempo estuvo vigente aquella infame ley antiterrorista, que permitía retrasar demasiado tiempo la puesta del detenido a disposición judicial. Y si no hubiera sido por el Tribunal Constitucional, el ministro Corcuera se hubiera salido con la suya y hubiera aplicado otra ley indecente: la de la patada en la puerta, que permitía entrar en un domicilio sin orden judicial, sólo si la policía intuía que en su interior se estaba cometiendo un delito.

La medida de Francisco de la Torre ha sido contestada por Izquierda Unida. El viceportavoz municipal del Partido Socialista, Enrique Calvo, no se ha opuesto. Se ha limitado a reclamar un protocolo de seguridad y un consenso más amplio. El consenso podría ser el siguiente: retrasar la medida hasta que el PSOE se haga con la alcaldía de Málaga. La vigilancia callejera y cualquier otra medida represora corre el riesgo de ser ampliamente contestada en la calle si la aprueba una corporación de derechas. En cambio, si la misma medida es aprobada por un partido supuestamente de izquierdas, hay más posibilidades de colarla sin ruido. Es lo que ha sucedido en Barcelona con el desalojo de los inmigrantes. Si la policía de Juan Enciso hubiera hecho en El Ejido lo que han hecho los municipales de Maragall en Barcelona, el PSOE se hubiera echado a la calle. Y la que se hubiera montado de haber sido Acebes y no Alonso el responsable de haber expulsado a esos marroquíes que constituían un peligro para nuestra seguridad, aunque no había -eso han dicho- ni una sola prueba contra ellos.

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