El plan para cumplir con Kioto afectará a vivienda y transporte

El plan que está elaborando la comisión interministerial constituida por el Gobierno para cumplir con el Protocolo de Kioto (que exige limitar el incremento de gases contaminantes a un máximo del 15% respecto a las emisiones de 1990 en 2008-2012) no sólo afectará a la industria, sino también a los sectores del transporte y residencial. Estos dos sectores son, precisamente, los que más están aumentando las emisiones en los últimos años, con lo que al tomar medidas para controlarlas, se diluiría el esfuerzo a realizar en otros sectores.

La Comisión Europea, que ha aumentado el plazo que tiene España para presentar sus planes hasta el 1 de agosto, sólo contempla en la directiva de comercio de emisiones a los sectores energético, químico, cementero, siderúrgico, papelero y de la cerámica.

Controlar las emisiones del transporte favoreciendo la movilidad en las ciudades y mejorando el aprovechamiento energético en los domicilios permitiría no penalizar a las industrias que han reducido su contaminación en los últimos años, cumplir con los objetivos e incluso evitar la compra de derechos de emisión, según fuentes de Industria.

Ayer, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que inauguró el seminario sobre el Protocolo de Kioto organizado por el Club Diálogos para la Democracia, indicó que la ampliación del plazo para presentar el plan de asignación de emisiones permitirá dedicar más tiempo "a una mayor consulta pública" con sectores, sindicatos, organizaciones sociales y comunidades autónomas. Narbona añadió que "no va a haber grandes sacrificios (para empresas)". En el seminario, distintos representantes de asociaciones industriales (Unesid, Oficemen, Ascer y AOP) pidieron al Gobierno que se les asignen suficientes derechos de emisión de gases de efecto invernadero para garantizar su competitividad y no lastrar su crecimiento.

Por su parte, las eléctricas Endesa e Iberdrola mantuvieron su particular pulso. Endesa cifró en 1.000 millones anuales el coste para la industria de las propuestas que defiende Iberdrola.