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La Cámara de Valencia quiere despertar el interés por el arbitraje con un servicio para empresas familiares

Sólo el 18% de las pymes ha usado una Corte de arbitraje cameral y un 40% de ellas desconoce este sistema voluntario de dirimir conflictos. La Cámara de Comercio de Valencia quiere potenciar su uso, aún poco utilizado a pesar de que ha ido mejorando sus cifras en los últimos años, que puede contribuir a descongestionar los tribunales y ahorra tiempo a los empresarios.

La Cámara explica que las pymes han reclamado la puesta en marcha de un servicio especializado en la empresa familiar, que la entidad ultima y pondrá a disposición a corto plazo. La Unión Europea también recomienda este paso.

La entidad también pretende implantar este servicio en las ferias, para resolver conflictos entre expositores. A finales de 2003, de hecho, Feria Valencia anunció la toma de medidas ante la inquietud detectada en relación con las copias. Entre ellas, dijo que estudiaría crear un servicio de arbitraje para dirimir con rapidez posibles conflictos.

La Cámara, finalmente, también está en conversaciones con la American Arbitration Asociation (AAA) para canalizar conflictos con empresas americanas. Sería el primer convenio con una corte arbitral extranjera y está por decidir si implicará alguna infraestructura.

En España hay 53 cortes de arbitraje dependientes de las cámaras de comercio. Los datos indican que en el Arco Mediterráneo es donde más se recurre a este sistema, excepción hecha de Madrid. Así, son las cámaras de comercio de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares las que reciben más solicitudes, a pesar de que las cifras son bajas.

El año pasado, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Valencia resolvió 16 conflictos mercantiles por una cuantía de 884.803 euros. Las operaciones de comercio internacional, los defectos en construcciones, problemas con los arrendamientos de industrias o locales de negocios o los temas societarios son los asuntos más comunes.

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El 26 de marzo de este año, además, entró en vigor la nueva ley de Arbitraje, una norma que traslada el derecho mercantil internacional de la ONU. La nueva ley introduce, entre las novedades, la posibilidad de que un juez pueda dictar medidas cautelares mientras se dirime el conflicto entre empresas y da más herramientas a las partes para desarrollar este servicio.

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