Aguirre pide al Gobierno central 20 millones para pagar la sanidad de los extranjeros
La Comunidad solicita a Solbes otros 100 millones para enfermos de otras autonomías
La consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, mantuvo ayer su primera reunión con el ministro de Economía, Pedro Solbes, en la que le solicitó al Gobierno central 120 millones de euros para sufragar los gastos que le genera a la sanidad madrileña la atención de extranjeros y ciudadanos residentes en otras comunidades autónomas. Según Hidalgo, la regulación de estos fondos específicos de sanidad "no se realizaron teniendo en cuenta la realidad de Madrid", y cifró en 120 millones el déficit acumulado por esta partida. La consejera calificó el encuentro como una "positiva primera toma de contacto".
En la Consejería de Hacienda quieren dejar claro que durante la entrevista con el ministro del ramo, Pedro Solbes, no se ha hablado de revisión de las transferencias de Sanidad. Claro porque ésta ha sido una de las reivindicaciones del portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, hecha ya desde la campaña electoral. Para el PSOE, las transferencias se hicieron mal; para el PP, que negoció con un Gobierno de su mismo signo político, todo estuvo bien hecho.
Sin embargo, la consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, manifestó a Solbes un problema: "Las transferencias se hicieron correctamente, pero los fondos específicos de sanidad que se regularon un año después no se hicieron teniendo en cuenta la realidad de Madrid".
Estos fondos son una compensación del Estado por el número de pacientes que son atendidos en una comunidad autónoma, pero que no residen en ella. Es decir, extranjeros y ciudadanos de otras regiones españolas. Y a Hidalgo las cuentas no le salen: "Lo que pagamos en 2002 y 2003 por atención a este tipo de pacientes supera en 100 millones a lo que percibimos". Según la consejera, le ha pedido a Solbes un estudio en profundidad sobre este asunto, puesto que "el PP ya estaba negociándolo con el anterior Ejecutivo central para poder ofrecer un mejor servicio a nuestra población protegida".
Durante su balance de los primeros 100 días de Gobierno, el pasado febrero, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, manifestó que "sólo los censados en Madrid computarán" en las listas de espera quirúrgica para considerar cumplido su compromiso electoral de reducir las mismas a un máximo de un mes. Aguirre aseguró que "siempre" se había referido "a los madrileños" y afirmó que "muchos extranjeros acuden a hospitales de la capital porque "les resulta mucho más barato" aquí que en sus propios países. Entonces, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas, consideró que pedir "el Rh madrileño" significa "incumplir" la promesa. En esa misma ocasión, Aguirre ya había manifestado: "Si van a venir a operarse la cadera, por ejemplo, no sólo de Castilla-La Mancha y de Andalucía, sino también de Marruecos, de Ecuador, de México, habrá que ponerse de acuerdo todas las comunidades para tener un sistema de equilibrio financiero".
Según explicó Hidalgo tras la reunión con el ministro, "Madrid es referencia a nivel nacional en atención sanitaria y se atiende aquí a pacientes de otras comunidades autónomas, concepto en el que se han gastado en los últimos dos años 100 millones de euros", a los que se suman otros 20 millones en atención a personas de otros países "por los que actualmente no recibimos ninguna compensación".
En este mismo sentido, pero de forma más general, la consejera de Hacienda y el ministro han tratado el tema del sistema de financiación de las comunidades autónomas.
La variable de la población
Según Hidalgo, "en esta primera toma de contacto" le ha explicado al ministro su conformidad "con el actual sistema de financiación", pero también le ha recordado que Madrid es una comunidad autónoma en la que la variable de la población "se incrementa por encima de la media" de otros territorios de España. Por este motivo, la consejera pidió al ministro que se desarrollen grupos de trabajo que tengan en cuenta ésta y otras variables.
Hidalgo manifestó a Solbes que "si por algún motivo se decide modificar el sistema de financiación autonómica se realice con el mismo tratamiento para todas las comunidades autónomas sin que se tengan que pagar peajes políticos".
La consejera también ha abogado por mantener los objetivos de estabilidad presupuestaria y déficit cero, cuestiones de las que dijo que los del PP "somos los máximos valedores", así como del no incremento de los impuestos.
Esperanza Aguirre ya prometió que para el ejercicio que viene bajará el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). En concreto, su promesa supone la rebaja en un punto del tramo autonómico, lo que significará que los madrileños dejarán de pagar por término medio unos 160 euros (163 euros para una renta bruta de 23.400 euros). Una propuesta pionera en las haciendas autonómicas, ya que hasta ahora nunca antes lo había hecho ningún otro Gobierno regional.
Los contribuyentes del IRPF pagan una parte a la Administración central y otra a la comunidad autónoma, en una relación de 70%-30%, mediante una tarifa dividida en cinco tramos con tipos impositivos distintos en una escala de entre el 15% y el 45%. A su vez, cada tramo se divide en dos, con dos tipos distintos: uno es el que se paga a la Administración central y el otro a la comunidad autónoma. La tarifa arranca con un tipo mínimo del 9,06% para la Administración central y un 5,94% para la autonómica (en total 15%), para ingresos (base liquidable) de hasta 4.000 euros anuales. La iniciativa de Aguirre consiste en que ese 5,94% de la Comunidad se va a reducir a un 4,94%.
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