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Rajoy se apoya en las autonomías del PP para hacer oposición a las medidas del Gobierno

Sus comunidades recurrirán contra la suspensión de la LOCE y la anulación del trasvase del Ebro

El PP se apoyará en las ocho autonomías en las que gobierna para hacer oposición al Ejecutivo socialista. La primera muestra de esta decisión de hacer oposición en bloque se vio ayer en el Tribunal Supremo: todas las autonomías gobernadas por el PP, excepto las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, presentaron un recurso contencioso administrativo contra el real decreto de paralización de la Ley de Calidad de la Educación (LOCE). Los consejeros de Educación de las autonomías del PP acudieron juntos al Supremo. Esta misma estrategia de oposición en bloque se producirá, con seguridad, cuando el Gobierno apruebe el decreto que anulará el trasvase del Ebro. Aunque ahí la previsión es ir al Tribunal Constitucional.

Mariano Rajoy reunió ayer a los presidente regionales de su partido para aunar una línea común de oposición a las decisiones del Gobierno socialista. Anunció, casi a la vez que se estaba produciendo, que las autonomías en las que gobierna el PP iban a "interponer un recurso contencioso administrativo ante el Supremo contra el decreto de paralización de la LOCE". Rajoy argumentó este recurso porque "el Gobierno se carga una ley orgánica mediante un decreto. Esto, al igual que lo que se pretende hacer con el PHN, no es una muestra de talante sino un talantazo". Rajoy mantuvo que esos talantazos "no son de recibo, sino dudosamente democráticos".

Su alternativa será pedir amparo a los tribunales. Al Supremo si la norma es un real decreto y al Constitucional si es un decreto-ley. Ayer fueron al Supremo con tres modelos de recurso. No lo presentaron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla porque las competencias de Educación no están allí transferidas.

De las demás autonomías populares, el recurso con más alcance es el presentado por la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre. Alega "invasión de competencias autonómicas" porque Madrid ya había aprobado las normas autonómicos de aplicación de la LOCE cuando el Ejecutivo socialista aprobó su decreto de paralización de esa ley orgánica.

Las restantes autonomías populares sólo alegan "desviación de poder". La desviación de poder es un argumento jurídico que significa que el Gobierno ha utilizado un instrumento jurídico, el real decreto, para un fin distinto de aquél para el que está concebido. Es decir, según el PP, los reales decretos sobre la LOCE deberían ocuparse de desarrollar la norma, pero el Gobierno ha utilizado uno para paralizarla.

Desviación de poder

Dentro del bloque de autonomías que recurren al Supremo por desviación de poder, hay unas que piden la suspensión del decreto y otras que no lo hacen. La diferencia reside en la situación de cada autonomía. No pide la suspensión la Comunidad Valenciana porque ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para no crear más tensión en el ámbito educativo. Pero, a cambio, esta autonomía ha presentado un recurso de competencias contra el delegado del Gobierno allí ante el Tribunal Constitucional. El motivo, según fuentes del Ejecutivo valenciano, es que el delegado del Gobierno está organizando reuniones con la comunidad escolar en las que se ofrece como enlace con la ministra, cuando la Educación está transferida y ese enlace tiene que ser el consejero del área.

La estrategia de recursos se repetirá con el Plan Hidrológico Nacional. Ante la previsión de que el Gobierno anule el trasvase del Ebro con un decreto-ley, el PP prepara recursos de inconstitucionalidad que presentarían las dos autonomías más afectadas, la Comunidad Valenciana y Murcia, así como 50 diputados y 50 senadores. El argumento fundamental de ese recurso será que quiebra "el principio de solidaridad" entre regiones.

Estatutos

Las anunciadas reformas del Senado, los Estatutos de autonomía y el sistema de financiación autonómica también tendrán una respuesta unívoca por parte de las autonomías del PP. Mariano Rajoy criticó ayer de nuevo al Gobierno "por no tener criterio" en cuál será el alcance de estas reformas y advirtió de que el riesgo, para el PSOE, es "hacer el mismo ridículo que con las selecciones deportivas".

Tras reiterar que el PP exigirá "el mismo nivel de consenso" que hubo en la aprobación de los estatutos para cualquier reforma, Rajoy avisó de que no permitirán "la asimetría". Este vocablo significa que si una autonomía, digamos Cataluña, pide algo que exceda lo que el PP considera "razonable", todas las comunidades del PP se verán con derecho a reclamarlo si así les interesa. Y excede de lo razonable, según Rajoy, todo lo que signifique "que sean las autonomías las que impongan al Estado cuáles son las competencias generales que le quedan".

La misma actuación en bloque por parte del PP se verá en la negociación de la financiación autonómica y en todas las medidas que adopte el Ejecutivo socialista que, a juicio del PP, afecten a sus autonomías. Es decir, probablemente a casi todas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 8 de junio de 2004