El Ejecutivo fijará si la falta de calidad en el servicio exime de pagar peaje

El Gobierno catalán ha decidido plantar cara a las concesionarias de autopistas. Ayer se constituyó el grupo de peajes, cuya reunión terminó sin más acuerdos que el calendario y el orden del día de la próxima reunión, que se celebrará en septiembre. El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, anunció que el Ejecutivo tendrá un nuevo marco tarifario antes de final de año. Si no lo hubiera, las subidas serían del 17% en la autopista del Garraf y de en torno al 10% en el resto. Nadal cree que las concesionarias tendrán que ceder en algo para que se llegue a un pacto.

Se constituyó ayer el grupo de peajes (por tercera legislatura consecutiva). Y un espectador desapasionado podría pensar que, salvo algunas caras nuevas, había poca diferencia. Pero no era así. Por primera vez quien llevaba la iniciativa era el representante del Gobierno. Hasta ahora, la iniciativa siempre había correspondido a la plataforma antipeajes y el freno lo ponían las concesionarias y lo apretaba con fuerza el representante del Gobierno. Así se explica que, tras ocho años de reuniones, no haya casi acuerdos y que cuando se ha producido haya sido siempre con cargo al erario público y en beneficio de las concesionaria.

Levantar las barreras de la B-30 ha supuesto un gran aumento de ingresos para ACESA. Los coches no pagan, pero el Gobierno lo hace por ellos. Y pasan muchos más. Las rebajas a los usuarios más habituales o por uso en horas sin apenas tráfico también corren, en buena parte, a cargo de las arcas públicas.

El tripartito cree que esta situación es insostenible. No se puede seguir eliminando o rebajando peajes con cargo al presupuesto porque, además, esto tiene un efecto perverso al aumentar el número de usuarios y, con ello, los pagos que tiene que afrontar el Ejecutivo. Sólo gana la concesionaria.

Fondo con impuestos

El futuro marco tarifario, que estará listo antes de final de año, según anunció tras la reunión el secretario de Movilidad, Manuel Nadal, no incluirá estas bicocas para las concesionarias. El 30 de septiembre, cuando se celebre la próxima reunión, el Gobierno catalán aportará un balance sobre lo que han representado las últimas modificaciones. Informará de las negociaciones con el Gobierno central para la formación de un fondo constituido con los impuestos que generan los propios peajes y que debería servir para reequilibrar las tarifas, de forma que algunas pudieran bajar. El documento reflejará también la aplicación del IBI a las autopistas, que los municipios reclaman.

Este balance debe servir para marcar las líneas de futuro. Nadal quiere pactos. El primero, según se ha puesto de relieve en la irritación que provocan los atascos sufridos en los últimos fines de semana, la necesidad de establecer un protocolo sobre cuándo y cómo los usuarios no deben pagar peaje. El tripartito entiende que los conductores no tiene que pagar si no reciben calidad. Nadal apreció que excepcionalmente ACESA decidiera no cobrar el peaje cuando no había autopista porque se había hundido en Viladasens. Pero la idea es que ACESA no sea juez de sí misma. La fórmula utilizada por Nadal fue clara: "Hay que vincular el peaje a la calidad del servicio".

El Ejecutivo entiende que las concesionarias tienen que asumir las rebajas, sea por multiuso, sea por horas valle, y sobre todo aplicar con claridad una política de descuentos por horas sin tráfico que pueda inclinar a los camiones a utilizar las autopistas. Según el esquema con el que trabaja el Gobierno, el protocolo incluirá diferentes supuestos: desde una nevada hasta un accidente en la autopista o un incidente en una de las vías alternativas.

Hay asuntos que son relativamente urgentes. Entre ellos, la ampliación a tres carriles de la AP-7 en Tarragona y Girona. Joaquim Nadal entiende que esa ampliación es necesaria si a la vía se le tiene que seguir llamando autopista. ACESA quiere que le prolonguen la concesión a cambio de pagar las obras de la ampliación. No hay acuerdo.

Hay un asunto que afecta al Gobierno central. La ley de acompañamiento de 1996 establecía una rebaja del 7% del IVA. Si la Unión Europea la anulaba, como era previsible, el Gobierno central asumía hacerse cargo del descuento por la vía de la subvención. Nunca lo hizo. El Ejecutivo de Pasqual Maragall ha explicado la situación a los ministerios de Hacienda y Fomento, en busca de una solución que CiU y PP nunca encontraron. Después de la reunión, ACESA declinó hacer comentarios.