Críticas a los dirigentes del encierro

A medianoche de ayer, Núria Gispert, directora de Cáritas de Cataluña comentaba, pesarosa, en las escalinatas de acceso a la catedral que creía que los dirigentes la Asamblea por la Regularización sin Condiciones hacían un flaco favor a los inmigrantes. "Una postura de fuerza como ésta, en el momento en el que estamos no parece la adecuada. Gente que no es inmigrante está cargando la bomba", comentaba en el fragor de las negociaciones que tuvieron lugar durante la madrugada del domingo.

Por "el momento en el que estamos" la dirigente de Cáritas se refería, por un lado, al anuncio por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de reformas en el reglamento de extranjería y, por otro, a la decisión ya tomada por la Delegación de Gobierno en Cataluña de poner a disposición de los inmigrantes las 73 oficinas de trabajo de la Generalitat para evitar las colas en la renovación de documentos. Para una de las personalidades que más ha defendido los interéses de los inmigrantes, ahora se vislumbra otro panorama y de ahí que no comparta posturas tan radicales como la de Enrique Mosquera.

El arzobispado sostiene que los encerrados no respetaron el carácter religioso del templo

Este sindicalista próximo a la CGT fue, junto con Norma Falconi, uno de los dirigentes del encierro que protagonizaron los inmigrantes en la iglesia del Pi hace tres años y que se prolongó durante 47 días. El planteamiento era el mismo: papeles para todos. Entonces, como ahora, fue objeto de críticas por inducir a error a personas en una situación delicada y, sobre todo, susceptible de manipulaciones. Aquella medida de presión, por otra parte, no supuso la regularización de todos los encerrados, aunque sí fue un instrumento de presión a las autoridades con responsabilidades en la materia.

En el encierro de ayer, además, se añade el hecho de que no se trataba de la ocupación de cualquier iglesia de la ciudad -u otro espacio-sino de la catedral. El arzobispo de Barcelona, Ricard Maria Carles, también incidió ayer en ese punto: "No se respetó el carácter religioso del templo por interrumpir una misa". Carles lamentó lo que considera unas "manipulaciones interesadas" de las que, a su juicio, fue víctima el colectivo de inmigrantes. El cardenal hizo público un comunicado en el que se ofrecía a "hacer todo lo posible" para trasladar a las autoridades las reivindicaciones de los inmigrantes encerrados, aunque sin substituir "a aquellos que tienen el deber de velar por el bien común en un Estado de derecho".

Portavoces de los sindicatos de UGT y CC OO también salieron al paso de la actuación de los dirigentes de la asamblea. "No parece lo más adecuado cuando se está en vías de solución. Sobre todo porque puede acabar con el trabajo de regularización que se está intentado llevar a cabo", explicaba un responsable de UGT. En parecidos términos se expresaba un sindicialista de CC OO para quien los dirigentes de la Asamblea hacen "promesas falsas" a los inmigrantes.

Pese a que es imposible precisar el número de inmigrantes en situación irregular, representantes sindicales y de colectivos de extranjeros apuntan que uno de cada cuatro no tienen los permisos en regla. En Cataluña, los sin papeles pueden ser unos 200.000. La actual normativa de extranjería, además, lejos de facilitar la regularización "casi la convierte en una carrera de obstáculos", opina uno de los sindicalistas consultados.

La responsable de Inmigración de IU, Susana López, consideró "insostenible" la situación de centenares de miles de sin papeles, a los que se les niega cualquier posibilidad de regularización, pese a que, en muchos casos, llevan años viviendo y trabajando en nuestro país. Asimismo, criticó "con dureza" el desalojo "por la fuerza y con nocturnidad". En parecidos términos se expresó el colectivo Església Plural, que mostró su "consternación y repulsa" por la expulsión de los inmigrantes de la catedral, hecho que fue calificado de "gravísimo". Por ello, pidió explicaciones a las autoridades eclesiásticas.

SOS Racismo apuntó que el encierro se tiene que interpretar como "una salida desesperada de un colectivo que ve eternizarse su situación de privación de derechos fundamentales".

El colectivo cree que existe una falta de respuestas efectivas a esta situación, ya que la Ley de Extranjería no permite el acceso a la regularización por vías ordinarias, como el trabajo, por ejemplo, y tampoco se han abierto procesos extraordinarios como los que se han registrado aproximadamente cada tres años desde 1991.