El nuevo cúmulo de irregularidades urbanísticas en Marbella empaña la relación con la Junta

La inspección urbanística que la Junta mandó al Ayuntamiento de Marbella el pasado 20 de abril ha destapado un cúmulo de irregularidades urbanísticas que ponen en evidencia los buenos propósitos de los que siempre ha hecho gala la alcaldesa, Marisol Yagüe, y que han vuelto a empañar las relaciones entre ambas instituciones. La Junta ha impugnado ya en los tribunales nueve licencias concedidas por Yagüe que vulneran el PGOU vigente, y ha pedido a ésta que abra 52 expedientes por infracciones y que revise 25 licencias ilegales concedidas por la anterior corporación.

A todo ello hay que unir las 57 licencias que los promotores han obtenido por silencio administrativo del consistorio, que agotó el plazo preceptivo de tres meses para contestar a las solicitudes a partir del cual la ley establece que el permiso se da por obtenido. La Junta entiende que a la vista del elevado número de casos, se trata de una estrategia preconcebida de la corporación que preside Marisol Yagüe para consentir nuevas construcciones y ha anunciado que impugnará todas estas licencias.

De momento, la Consejería de Obras Públicas ha puesto ya recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra nueve licencias de obras concedidas por el actual equipo de gobierno por contravenir el planeamiento vigente, de 1986.

La administración autonómica ha instado también al consistorio a que revise 25 autorizaciones de obras otorgadas por las anteriores corporaciones en las que ha detectado infracciones de la ley. La alcaldesa ya ha advertido de que no piensa hacerlo y de que solo se ocupará de la gestión del consistorio desde que tomó posesión del cargo, en agosto de 2003.

De momento, la única petición de la Junta que Yagüe se muestra dispuesta a aceptar es la apertura de 52 expedientes por infracciones urbanísticas detectadas en otras tantas construcciones, pero, según el delegado de la Consejería de Obras Públicas en Málaga, José María Ruiz Povedano, ha accedido a hacerlo una vez que ha sido advertida de que si no intervenía la Junta se subrrogaría las competencias para tomar las pertinentes medidas disciplinarias haciendo uso de una de las nuevas prerrogativas que le concede la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Ruiz Povedano se quejó ayer de que el Ayuntamiento alardee de haber decretado 258 órdenes de paralización de obras, pero sólo en 12 casos abrió los preceptivos expedientes sancionadores y además con defectos de forma.

Ruiz Povedano aseguró que la Junta utilizará todas las vías de intervención posibles "porque el Ayuntamiento está haciendo dejación en el control de la legalidad". Todas estas deficiencias empañan el clima de colaboración que permitió que el pasado enero ambas administraciones firmaran un convenio de colaboración para la redacción del nuevo PGOU de la ciudad. Ruiz Povedano entiende que no hay que mezclar ambas cosas, pero admite que la situación "no es fácil". "Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo en Marbella que no está siendo correspondido con lealtad institucional por el Ayuntamiento, como demuestra todo lo que ha destapado la inspección", lamentó.