La prueba diabólica

En el ámbito jurídico, los tribunales de justicia, incluidos los más altos de nuestro país, proscriben lo que se denomina "prueba diabólica", que en esencia significa que a un ciudadano no se le puede exigir que aporte pruebas de las que no puede disponer.

Desde 1974 vengo prestando servicios de manera ininterrumpida, sin excedencias ni permisos por asuntos propios, en el sistema sanitario público, la mayoría de ellos dentro del sistema sanitario de la Seguridad Social.

Próxima la jubilación, he ido solicitando datos sobre la vida laboral y bases de cotización. En solicitud a mi petición de datos, la Tesorería General me remite un documento que me dejó estupefacto: faltan años enteros de bases de cotización, gran cantidad de meses sueltos, había errores más que groseros en relación con mi categoría profesional de cotización, y esto en años tan "lejanos" como 1999 y anteriores.

Remití a la citada Tesorería General fotocopia de todas mis nóminas desde 1987, a fin de que pudieran comprobar la inexactitud de sus datos, y me responden pidiéndome que aporte los documentos TC-2 de cotización de determinados periodos, documento que se presenta en la propia Tesorería y que deberían obrar en su poder, por lo que de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo no se debe solicitar al reclamante, ya que obran en poder de la Administración.

Éstos son documentos que yo no puedo tener y que la empresa, pública por supuesto, no tiene obligación de mantener más allá de cuatro años (artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en redacción dada por la Ley 24/21001, de 27 de diciembre), ¡y me los piden de 1990!, y que, por tanto, no puedo aportar, en cuyo caso, según la nota de Tesorería, me considerarán desistido de mi petición.

Supongo que en su momento tendré que ir a los tribunales por una prueba diabólica que me exige la Tesorería y que aquéllos proscriben.

Dado que es una situación que, según he comprobado y me han informado, afecta a muchos trabajadores, ¿podría el señor ministro poner orden en la Tesorería General de la Seguridad Social?