Aymaras hartos de promesas

El pueblo del altiplano peruano que hizo una revuelta para expulsar a su alcalde y terminó asesinándolo continúa en rebeldía tras 50 días de violentos disturbios. El Gobierno del presidente Alejandro Toledo parece muy confiado en haber hallado una solución. Sin embargo, la población de Ilave (departamento de Puno, en el sur del país), mayoritariamente aymara, no parece dispuesta a dar su brazo a torcer en sus demandas, alguna de ellas inviable: exigen la libertad de los siete presuntos organizadores del linchamiento del alcalde Cirilo Robles y que notables del pueblo administren la alcaldía vacante.

Pero Ilave no es el único foco de conflicto en la región. El diario El Comercio daba cuenta ayer de que dos alcaldes se salvaron de sufrir el mismo destino que Robles. El primero, en el distrito de Molino, en el departamento de Huanuco, región selvática al centro del país. El viernes pasado, el alcalde, César Luis Eugenio, tuvo que huir disfrazado de policía para evitar ser linchado por una turba. Al día siguiente, esta vez en Puno, en el distrito de Asilo, Antolín Huaricacha también logró fugarse de un grupo de enardecidos pobladores que criticaban su desempeño en el municipio.

Cirilo Robles murió desangrado tras ser apaleado y arrastrado por las calles del pueblo

La promesa sobre el asfaltado de una carretera fue el detonante de los trágicos sucesos del 26 de abril en Ilave. Robles, en una audiencia pública a fines de marzo, anunció esa mejora en la vía. Nunca se hizo. A esto se sumaron denuncias por corrupción que siguen sin ser comprobadas. La ira de los lugareños se desató. Y a pesar de que los titulares de los periódicos limeños anuncian en un rapto de optimismo el levantamiento de la huelga general indefinida en Ilave, a orillas del lago Titicaca, la realidad es muy diferente.

Tras una larga reunión el pasado martes entre los principales dirigentes locales y las autoridades designadas por el Gobierno central se llegó a un acuerdo, más bien frágil, que nunca se plasmó en un acta firmada por las partes.

Decidieron instalar una mesa de diálogo, y, a cambio, el viceministro del Interior, Richard Díaz, pidió que se restablezcan los servicios básicos y que se reanuden las actividades en el municipio. Los ilaveños se comprometieron a levantar el paro indefinido -en realidad, una tregua de diez días que vence el viernes-, y el Ejecutivo, a retirar progresivamente a las fuerzas de seguridad de la zona.

Pero los problemas se suceden. Las masas ilaveñas se niegan a aceptar al recientemente designado alcalde provisional por el Jurado Nacional de Elecciones, Ramón Arias Santos. Según fuentes locales, los lugareños no aceptarán como regidor a nadie de la lista del extinto Cirilo Robles. Su propuesta es que entre los notables del pueblo se elija a quienes deberán administrar el municipio hasta las próximas elecciones, convocadas para octubre. Incluso, los más radicales insisten en que el teniente de alcalde -detenido y acusado del linchamiento- sea quien gobierne el municipio.

Una de las peticiones en la que difícilmente habrá pacto es la propuesta de que las autoridades liberen a los siete sospechosos de haber organizado y alentado el asesinato de Robles. El alcalde difunto, junto a algunos de sus concejales, fueron sacados de sus casas a la fuerza y, tras apalearlos y arrastrarlos por las calles, Robles murió desangrado. Los ediles tuvieron más suerte, pero continúan hospitalizados. El problema de fondo, sin embargo, es que el alcalde fue elegido con menos del 20% de los votos.