La Hacienda vizcaína aparta a la Inspección del control de los principales contribuyentes

La atribución por la Hacienda de Vizcaya a nuevo órgano, la Secretaría de Coordinación y Asistencia Técnica (SCAT), de funciones de inspección sobre cuatro importantes categorías de contribuyentes ha levantado un fuerte malestar entre los funcionarios de la Subdirección de Inspección de Tributos. Consideran que la medida supone en la práctica "una Inspección paralela" y privar a ésta del control sobre los grupos de contribuyentes más propios de su fiscalización. El director de Hacienda, Félix Ayarza, replica que el cambio obedece sólo a razones "operativas".

El caso Ibarra, en el que se encuentra imputado el ex jefe de la Inspección de Tributos Juan Ramón Ibarra por presunto trato de favor a un grupo de contribuyentes, ha motivado en gran medida la profunda remodelación aplicada en el Departamento de Hacienda de la Diputación de Vizcaya. Las órdenes del diputado, José María Iruarrizaga, que la desarrollan fueron aprobadas el pasado 23 de marzo, pero no se publicaron en el Boletín Oficial de Bizkaia hasta el 29 de abril. El núcleo de la reestructuración radica en la creación de la Secretaría de Coordinación, que se configura como un órgano centralizado situado bajo la dependencia directa del director de Hacienda, Félix Ayarza. Sin embargo, a las funciones de asistencia técnica y coordinación de las distintas subdirecciones (Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación), la SCAT suma otras que hasta ahora eran propias de la Inspección Tributaria: concretamente la propuesta del Plan de Inspección anual y la investigación y liquidación de los impuestos de cuatro categorías de contribuyentes.

La Orden Foral 792 faculta al director de Hacienda a que asigne a su Secretaría Técnica la "gestión y/o inspección" de los siguientes contribuyentes: los que declaran sus rendimientos por estimación objetiva mediante convenios con Hacienda (por ejemplo, los notarios y otros profesionales); los que realizan sus declaraciones de impuestos de forma confidencial debido a la amenaza de ETA (entre 400 y 500 personas, según se ha divulgado en las indagaciones del caso Ibarra); las empresas, fundamentalmente medianas y grandes, que se están beneficiando de los incentivos fiscales a la inversión de 1993 y 1996 (las exenciones conocidas como vacaciones fiscales y minivacaciones y el crédito fiscal a las inversiones de más de 2.500 millones de las antiguas pesetas) declarados ilegales por la Comisión Europea, y todos aquellos que "considere oportuno" la Dirección General de Hacienda.

La asignación de estas funciones inspectoras a la SCAT ha causado un fuerte malestar entre los inspectores de la Hacienda vizcaína."En la práctica, supone quitarle a la Subdirección de Inspección el control y supervisión sobre unos colectivos de contribuyentes en los que se concentra el grueso de su actividad inspectora", sostiene un profesional de este servicio. "Si a la Secretaría se le encarga la investigación tributaria de las grandes empresas, de sus ejecutivos, de las grandes fortunas y de los colectivos que declaran por estimación objetiva, en la Inspección nos vamos a quedar para las minucias", apunta otro inspector de tributos que pide también no ser identificado. Agrega que el traspaso del control de estos colectivos a un órgano que no es "el ordinario" hace más permeable la actividad inspectora a influencias "de carácter político", dado que su impulso y supervisión se encarga directamente al director de Hacienda.

Félix Ayarza ha rechazado en declaraciones a este diario otras motivaciones en la remodelación del área que la búsqueda de la "mayor eficacia y coordinación". "No se trata de quitar competencias a la Inspección, sino de coordinar el funcionamiento de las tres subdirecciones, que era uno de los fallos que habíamos detectado en la gestión anterior". Agrega que en el pasado ya existió en la Hacienda vizcaína, como existe en otras, un equipo de inspectores especializados en grandes empresas, que, por la complejidad de sus operaciones financieras, "requieren atención especial". Añade, por contra, que la creación de un "grupo funcional" de este tipo fue propuesto por los propios "técnicos de la Inspección" y algunas empresas.

A la pregunta de por qué este grupo especializado no se ha creado en la Subdirección de Inspección, en vez de en la Secretaría Técnica, Ayarza invoca razones de operatividad. Dado que en la SCAT se pone en marcha un equipo para dar una atención "no especial, pero sí diferenciada" a estos contribuyentes, lo lógico, dice, es que los mismos profesionales asuman la "inspección y liquidación para ellos".