Crónica de un curso anunciado

El pasado viernes 21 de mayo, en la página 34 correspondiente a la sección Sociedad, se recoge la crónica de la inauguración de un curso de rehabilitación para maltratadores condenados a penas de prisión que puedan alcanzar los dos años y a los que los jueces suspenden el castigo al considerar "por la levedad de la agresión objeto del juicio, desproporcionada la medida del ingreso en la cárcel".

La historia de esta iniciativa nos parece también de interés para situar la cuestión en todos sus términos y por eso mantenemos la esperanza de ver publicado este escrito.

El día 1 de marzo de 2004, en plena campaña electoral D. Vicente Magro, el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante y vocal en el Observatorio contra la violencia de género en el Consejo del Poder Judicial, presenta un protocolo elaborado por dos funcionarios y firmado por el propio Sr. Magro y además por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el conseller de Justicia, el presidente de la Diputación Provincial de Alicante y los dos decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores de Alicante.

Tal protocolo contenía la propuesta de esos cursos de reeducación de los condenados por delitos de malos tratos con penas de hasta dos años de prisión como ya hemos señalado. Estas penas una vez impuestas sin embargo no se cumplen porque al parecer es práctica habitual que los jueces determinen suspender la entrada en prisión.

Dichos cursos obligatorios para los condenados bajo la amenaza, entonces sí, de ingresar en prisión (no por ser maltratadores sino por ser desobedientes), estarían a cargo de juristas, jueces, forenses y funcionarios-psicólogos, elegidos por el presidente de la Audiencia Provincial y el decano del Colegio de Abogados. Se impartirán por medio de conferencias en dos sesiones cuatrimestrales, es decir, con una duración por curso de seis sesiones a lo largo de un año. El primero de estos cursos ha sido inaugurado el pasado día 20 de mayo con un espléndido eco mediático.

El Foro de Alicante contra la Violencia hacia las Mujeres, integrado por doce colectivos entre los que figuran además de Asociaciones de vecinos, partidos políticos como PSOE e IU, los sindicatos UGT y CCOO, así como asociaciones locales de mujeres y THEMIS a nivel nacional (que cuenta con la cruz de planta con distintivo azul al mérito civil y la medalla de oro de la solidaridad otorgada por la Cruz Roja Internacional y la media luna), hizo público un manifiesto de rechazo al protocolo al que se sumaron la Red Feminista (constituida por 17 organizaciones), Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, Partido Socialista, Izquierda Unida, Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras y 172 firmas más.

Asimismo, en Madrid THEMIS y la Red de Asociaciones Feministas dieron una rueda de prensa apoyando el documento, en la que intervinieron también Miguel Lorente, director del Instituto de Medicina Legal de Granada, profesor asociado de medicina legal de esta misma universidad, médico forense en Jaén, y experto en violencia de género; Luis Bonino, director del Centro de Estudios de la condición masculina, y Andrés Montero, éste último presidente de la Sociedad Española de Psicología de la Violencia, manifestándose absolutamente contrarios a los cursos, criticándolos entre otras cosas por su banalidad. Sin embargo, nada de esto corrió la misma suerte mediática que el curso inaugurado por el Sr. Magro en esta ocasión.

Con todo, el riesgo mayor de estos cursos no es su manifiesta inutilidad, como fácilmente puede deducirse, sino que el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Efectivamente, tal iniciativa constituye un auténtico paso atrás en la lucha por conseguir la tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres (hasta este momento las muertes de mujeres por este tipo de violencia alcanza el alarmante record de 45 en este año 2004) y lo es sobre todo por los daños colaterales que pueden producirse, de tal modo que la sensación de impunidad del agresor sin duda va a verse incrementada junto a la seguridad que les proporciona haber obtenido un certificado de estar reeducado. Por su parte si algún juez dudaba en hacer cumplir la condena ahora ya tiene justificación para tranquilizar su conciencia. Pero todavía hay algo mucho más sangrante y es que las víctimas, dada la situación límite en que se encuentran, pueden poner su esperanza en que el maltratador se rehabilite. Muchas de ellas ya la han puesto y así nos lo han hecho llegar.

No creemos que haya mala fe por parte de las altas instituciones que apoyan tamaño disparate, pero desde luego es proverbial el absoluto desconocimiento que tienen de este complejo problema. Reconocerlo también sería un acto de no violencia hacia las mujeres porque lo contrario se parece demasiado a la prepotencia. Como el Parlamento Europeo ya resolvió en 1997 son las asociaciones de expertas en esta lucha a quienes hay que acudir, a quienes hay que dotar de recursos y con quienes deben coordinarse todas las acciones encaminadas a erradicar este tipo de violencia absolutamente aborrecible. En este asunto, somos las interlocutoras válidas, no sigan haciéndonos invisibles. Los pactos aquí no se pueden hacer entre caballeros.

María González forma parte del Foro de Alicante contra la Violencia hacia las Mujeres