Corregir el rumbo
Son muchos los estudios que nos vienen avisando desde hace algún tiempo de que el fenómeno de la inmigración va a marcar de manera determinante la sociedad española del siglo XXI. En unas dos décadas vamos a tener que contar con que la población inmigrante va a suponer algo más del 25 % de la población española. Y el 25% es muchísimo. O nos preparamos adecuadamente para asimilar a la población inmigrante que se nos viene literalmente encima o vamos a tener problemas que no vamos a ser capaces de manejar.
Algo de esto último nos está empezando a pasar ya, como nos ha recordado dolorosamente la recogida de decenas de miles de firmas en El Ejido para solicitar el indulto de dos vecinos del pueblo condenados por la Audiencia Provincial de Almería primero y el Tribunal Supremo después por haber secuestrado y propinado una extraordinaria paliza a tres inmigrantes marroquíes, así como la decisión de la corporación municipal de hacer suya esa petición ciudadana y dirigirse en ese sentido al Gobierno de la nación. Por esa vía vamos directamente a la catástrofe.
Lo más preocupante no es la recogida de firmas, sino la actuación del alcalde y los concejales de El Ejido
Justamente por eso, hay que mantener la cabeza fría y reflexionar. Los ciudadanos que han firmado esa petición son como los demás ciudadanos españoles. No son ni de mejor ni de peor condición. Simplemente se han tenido que enfrentar con un problema con el que la mayor parte de los ciudadanos no hemos tenido que enfrentarnos o no hemos tenido que enfrentarnos con la intensidad con que ellos han tenido que hacerlo. No se trata, por tanto, de que los demás nos rasguemos las vestiduras y pensemos que no reaccionaríamos nunca de la forma en que lo han hecho ellos. Propongo al lector que se sitúe en El Ejido, que se ponga en el lugar de uno de los ciudadanos del municipio y que reflexione sobre qué habría hecho él en el momento en el que le hubiera puesto a la firma la petición de indulto un vecino o el camarero del bar donde toma café. Desde fuera no me cabe la menor duda de que casi todo el mundo rechaza ese tipo de conducta. Por eso se ha producido la conmoción que se ha producido en la opinión pública andaluza y española. Pero ¿se verían las cosas igual desde dentro? Si ha pasado en El Ejido, puede volver a pasar en cualquier otro sitio, si el problema llega a manifestarse con la intensidad con que allí se ha manifestado y si no nos hemos preparado para no reaccionar de esa manera.
Ahora bien, puesto que el fenómeno se va a manifestar con la misma intensidad o incluso con intensidad superior en muchos sitios en los próximos años, sólo nos queda prepararnos para no repetir conductas que, con toda la razón del mundo, consideramos inaceptables.
Para ello no hay que ir muy lejos. La verdad es que en España, cuando el fenómeno de la inmigración empezó a manifestarse con una intensidad notable y creciente, se reaccionó bien. Desde el otoño de 1998 al verano de 1999 se puso en marcha una respuesta consensuada en el Congreso de los Diputados, en la que participaron todos los grupos parlamentarios sin excepción. La iniciativa para sustituir la vieja Ley de Inmigración de 1985 por una nueva que estuviera a la altura de los tiempos no fue una iniciativa gubernamental, sino parlamentaria. Todos los grupos parlamentarios coincidieron en el diagnóstico del fenómeno de la inmigración y llegaron a la conclusión de que la respuesta al mismo tenía que ser una respuesta conjunta, de tal manera que ninguno pudiera caer en la tentación de extraer alguna rentabilidad electoral de la manipulación de la inmigración. Basta seguir el curso de la tramitación parlamentaria de aquella proposición de ley, para tener un ejemplo de como se debe de hacer frente al problema.
Fue en el momento final de la aprobación de la proposición de ley cuando se produjo la ruptura del consenso como consecuencia de la actuación del entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, que se opuso frontalmente en el verano de 1999 a que la ley se aprobara en los términos en que la habían consensuado los distintos grupos parlamentarios. Desde entonces no hemos dado una a derechas. Conviene recordar en este sentido que el estallido que se produjo en El Ejido tuvo lugar en diciembre de 1999, inmediatamente después de la ruptura del consenso; que la respuesta gubernamental a dicho estallido fue el detonante de la crisis gubernamental que condujo a la salida de Manuel Pimentel del Gobierno. Y que desde entonces hemos estado reformando permanentemente la Ley de Inmigración sin que, en ningún momento, haya sido posible ponerse de acuerdo sobre nada.
Qué es lo que pasó en el interior del PP en el verano de 1999 para abandonar la política que en materia de inmigración había seguido su grupo parlamentario, representado por el diputado cordobés Diego Jordano, en la negociación de la proposición de ley, es algo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que las consecuencias han sido nefastas. Es difícil pensar que, sin dicho cambio de rumbo, hubieran podido actuar de la forma en que lo ha hecho el alcalde y los concejales populares de El Ejido.
Esto es lo que debería ser corregido. Y lo más rápidamente posible. Pues lo más preocupante de lo ocurrido estas últimas semanas en El Ejido no es la recogida de firmas, sino la actuación de los concejales y el alcalde. Mientras se considere que es legítimo obtener rendimiento electoral de la manipulación de la inmigración, estaremos condenados a que se repitan acontecimientos como los que tuvieron lugar en dicho municipio. Lo ocurrido en El Ejido nos debería hacer reflexionar a todos y deberíamos aprovechar la ocasión no para intentar culpabilizar a nadie, sino para corregir el rumbo entre todos. Es mucho lo que está en juego.
