La Comunidad dice que el Gobierno central invade sus competencias al paralizar la LOCE

La Comunidad considera que el decreto que modifica el calendario de aplicación de la LOCE "vulnera" sus competencias y es nulo de pleno derecho en cuanto "infringe los principios constitucionales" de legalidad, jerarquía normativa, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Así se señala en las alegaciones que el Gobierno de Esperanza Aguirre dirigió ayer al presidente del Consejo de Estado, institución que ahora deberá emitir un dictamen preceptivo antes de que el proyecto de Real-Decreto sea remitido al Consejo de Ministros para su aprobación. En el escrito, firmado por el director de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, Eugenio López Álvarez, se señala que el decreto sometido a dictamen establece una "moratoria" en la aplicación de la LOCE (el calendario establecía su aplicación progresiva desde el año académico 2004-2005 hasta el 2007-2008) que "vulnera" las competencias de la Comunidad, además de la posibilidad de introducir sus propias opciones en materia educativa. Se produce, por tanto, un "desapoderamiento" a la Comunidad de sus competencias que quedan sometidas "a los designios políticos, no ya de las Cortes Generales en el ejercicio de sus competencias de desarrollo legislativo del derecho a la educación, sino del Gobierno de la Nación con vistas al futuro desarrollo de su programa político".

Lealtad constitucional

En esa vulneración de las competencias constitucionales de la Comunidad, se subraya, "inciden" dos aspectos: "la concepción constitucional de lo básico" y la "lealtad constitucional que debe presidir las relaciones entre los distintos entes territoriales".

En cuanto al primero, la Comunidad sostiene que con el decreto sometido a examen se pretende "diferir" la aplicación de una ley orgánica "en vigor" mediante una norma de rango reglamentario dictada por el Consejo de Ministros que impide, además, la aplicación de la normativa de desarrollo dictada por la Comunidad y la puesta en práctica de su sistema educativo, del que "ya se han adoptado medidas".

Respecto al segundo aspecto, la Comunidad entiende que el Gobierno obra con "deslealtad constitucional" al no respetar el "ejercicio legítimo" de las competencias autonómicas. Así, para el Ejecutivo la reforma proyectada lejos de dirigirse a dar cumplimiento a la LOCE tiende a "suspender su aplicación con vistas a una futura reforma", además de haberse vulnerado el trámite de previa consulta a las comunidades.

En el escrito de alegaciones, la Comunidad subraya que "nada impide" que el Gobierno presente un proyecto de ley en las Cortes para modificar la LOCE, "pero lo que no puede" es valerse de su potestad reglamentaria conferida por el artículo 97 de la Constitución para dictar reglamentos que actúen como "complemento indispensable" e "impedir" su aplicación.