Vivienda reservará pisos protegidos para las mujeres maltratadas

El Departamento de Vivienda equiparará a las mujeres víctimas de malos tratos con las del terrorismo en las condiciones para acceder a una vivienda de protección oficial, según indicó ayer en Bilbao su titular, Javier Madrazo, quien desgranó una serie de propuestas para facilitar el acceso a una vivienda digna a las víctimas de la violencia doméstica. El consejero aseguró que las instituciones deben volcarse en erradicar "el terrorismo patriarcal, una de las mayores lacras de nuestra sociedad" y adoptar iniciativas en su contra. El plan de actuación, integrado por cinco medidas, estará en pleno funcionamiento "antes del verano". Algunas de ellas ya se contemplan en el anteproyecto de Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, aprobado por Emakunde el pasado 13 de mayo, y se incluirán en la futura Ley de Igualdad.

La primera medida consiste en incluir a las víctimas de la violencia de género dentro del cupo de las viviendas de promoción que se reserva a las familias monoparentales con hijos menores a su cargo, aunque no cumplan este requisito. Se trata de así dar "prioridad" en la adjudicación a las mujeres maltratadas, ya que de esta forma las probabilidades de que les toque un piso de prtección oficial en los sorteos son mayores.

La segunda actuación permitirá a estas mujeres acceder al sorteo de un piso protegido aunque no cumplan todas las condiciones generales necesarias (estar empadronadas, no poseer una vivienda en propiedad y no superar unos ingresos máximos de 30.000 euros anuales). También se incluye en este punto la posibilidad de excluir del sorteo general algunas viviendas para adjudicarlas de forma directa a las víctimas de maltrato.

La tercera medida establece que las mujeres que sufran malos tratos podrán cambiar la vivienda de la que sean propietarias por otra de protección oficial, bien en alquiler o en compra, para que puedan así trasladarse a vivir a otro lugar. El departamento destinará además a este colectivo algunas de las casas que se reservan para las situaciones de emergencia social.

La quinta y última medida consiste en poner a disposición de los ayuntamientos y diputaciones, que son las instituciones competentes en la acogida de las víctimas, viviendas promovidas por el propio departamento. Los pisos se venderían a las administraciones locales a un precio social, "por debajo del coste de construcción; por ejemplo, 50.000 euros para un piso de 60 metros cuadrados", especificó Madrazo.

Ayuntamientos y diputaciones ofrecerían luego las viviendas a estas mujeres, bien en alquiler o en precario, sin que los ingresos de las víctimas supusieran limitación alguna.

El consejero reconoció que desconoce cuál será el volumen de demanda de pisos por las víctimas de violencia de género ni el presupuesto que se destinará para poder cubrirla. Precisó que el criterio para que una mujer sea considerada víctima de maltrato doméstico y pueda acceder a estas viviendas protegidas lo establecerán los ayuntamientos y diputaciones.