Polvorín

El lunes pasado acusaba al alcalde de El Ejido de no ver que su actitud siempre brutal hacia los inmigrantes marroquíes era la mejor manera de agravar el viejo problema de convivencia y de crear otros nuevos. Me refería a la supuesta presencia de varios radicales en busca de adeptos por los invernaderos del Poniente almeriense. Dos días después esta presencia era confirmada por la Cadena Ser, que el miércoles pasado describía un panorama aún más inquietante: terroristas infiltrados entre los trabajadores de los invernaderos, que aprovechaban las dificultades económicas que padecen los marroquíes en esta parte de Almería para ofrecerles dinero y contratarles como soldados de Alá.

Los incidentes acaecidos en El Ejido en 2000 pudieron haber servido para resolver un problema que llevaba gestándose desde antes de la llegada de Juan Enciso a la alcaldía de la localidad. Porque no vamos a culpar solamente al actual alcalde de un problema que por su complejidad es imposible que haya sido causado por una persona y brotado como un champiñón de la noche a la mañana. La conversión de la convivencia -siempre difícil- entre moros y cristianos en una olla a presión, en un polvorín, tuvo necesariamente que ir forjándose poco a poco. A ello debieron de contribuir la intransigencia de unos y otros y la incompetencia o la cobardía de alcaldes anteriores.

Pues bien, tras aquellos incidentes la única medida realmente seria que se tomó fue la de disminuir la contratación de los trabajadores marroquíes, mucho más morenos y conflictivos que los rumanos y los lituanos. Empezamos a sufrir ahora las consecuencias de aquella brillante idea. Gracias a aquella medida, los radicales que pretenden captar adeptos entre sus hermanos de religión han encontrado en los invernaderos del Poniente un terreno abonado para sus fines. Las crecientes dificultades que los marroquíes encuentran para trabajar y tener una vida normal los hace muy receptivos a la violencia en nombre de Alá.

Las últimas noticias de la zona cristiana no mejorarán esta situación. El lunes pasado la corporación municipal de El Ejido aprobó con los votos de los concejales populares y socialistas solicitar el indulto de dos vecinos que en 1997 secuestraron y golpearon a dos marroquíes y un argelino, que les habían robado. El Ayuntamiento y otros muchos solicitantes consideran injusto que alguien vaya tanto tiempo a la cárcel sólo por lesionar a tres delincuentes. La reacción de la Junta ha sido correcta. Nadie desea la cárcel para nadie; no se trata de eso, sino de respetar la ley y de no contribuir a que las cosas empeoren. El portavoz socialista ha tenido que dimitir. En el PP miran para otro lado. Su apoyo al indulto, dicen, es legal y responde al mandato que les encomienda el pueblo. Sin comentarios. Pero algo de razón sí tienen. Los concejales, como representantes que son de sus electores, han apoyado una petición firmada por 56.000 de los 63.000 vecinos que tiene la localidad. Y eso es precisamente lo que da escalofríos: que esa actitud no sea el flipe de un tarugo, sino el sentir de tantas personas. Dicen que muchas de ellas firmaron sin leer. Casi peor.