El Congreso acuerda aplazar la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario tras un polémico debate

El Congreso convalidó ayer, por 184 votos a favor y 137 en contra, el Real Decreto por el que se aplaza hasta el 31 de diciembre la entrada en vigor de la Ley Ferroviaria. Ésta establecía que el sector debía comenzar a abrirse a la competencia el 18 de mayo pasado para poner fin al monopolio de Renfe. El debate en el Congreso estuvo marcado por la polémica. El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular, Andrés Ayala, acusó a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, de mentir y tener "razones ocultas" para aplazar la ley. Desde su escaño, Álvarez replicó de inmediato: "Usted ha mentido", tal como recoge el Diario de Sesiones. Álvarez exigió después que la pidieran perdón. Y retó a Ayala: "Si conoce esas razones [ocultas], suba a la tribuna y explíquenoslas". "Aquí el único que miente es usted", afirmó. Pero Ayala se reafirmó. En el turno de réplica, el diputado dijo: "Confirmo, mantengo y sostengo todo lo que he dicho, y me reafirmo en que yo no he mentido y usted sí".

El enfrentamiento no acabó ahí. El debate subió de tono con la participación del diputado socialista Salvador de la Encina, quien llamó a Ayala "mamarracho". La bancada del PP contestó con una bronca que tuvo como momento álgido a los diputados populares corenando la palabra "talante". De la Encina entendió que le llamaban "botarate". El presidente, Manuel Marín, intervino. Reclamó al socialista que retirase el insulto y, como no lo logró, optó por ordenar que se retirase del Diario de Sesiones. Los taquígrafos lo suprimieron. Y Marín se encontró con una inesperada ovación del PP que no fue secundada por ningún diputado socialista.

Más tarde, Ayala agregó que la decisión de aplazar la ley está "aparentemente pactada" con los partidos nacionalistas que apoyaron la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero y es una de las condiciones del pacto de gobernabilidad. La polémica ha rodeado a la Ley Ferroviaria desde que se aprobó en el Congreso, en noviembre pasado. Ha sido objeto de críticas por parte de los sindicatos -consideraban que no aseguraba la viabilidad futura de Renfe ni daba solución a su deuda histórica (unos 7.400 millones de euros)- y de seis recursos de inconstitucionalidad.

Para liberalizar el ferrocarril se separaba la gestión de la infraestructura (vías), que quedaba en manos de un ente público (Adif), y el transporte, un mercado en el que Renfe tendría que competir con otras empresas y pagar, como éstas, un canon al Adif por el uso de la vía.