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Reportaje:

Mudarse de vida

La construcción del nuevo hospital La Fe obliga a una familia a dejar la casa y los campos que cultiva desde hace décadas

Sara Velert

Miguel Tomás se muda hoy. Dejará la casa en la que nació hace 53 años y los campos de hortalizas que ha trabajado durante décadas por un piso en la avenida de Ausiàs March de Valencia. Las apisonadoras ya rondan su casa desde hace tiempo, impacientes por aplanar un terreno que ocupará el entorno del nuevo hospital La Fe cerca de la estación de la Font de Sant Lluís.

Miguel cargaba ayer por la mañana colchones, somieres y otros enseres en su vieja furgoneta, pero no podrá salvar de las máquinas lo que más le importa: su vida dedicada al campo, el trabajo al aire libre, y sus animales. Su jaca Castaña no puede vivir en el piso que ha empezado a pagar con el anticipo de la expropiación forzosa de sus propiedades. Tampoco se acostumbrarán a esas cuatro nuevas paredes los tres perros que ahora vigilan su casa; ni Miguel, ni su madre, Carmen, de 93 años, ni su hermana, de 55 años y mismo nombre, ni su sobrina Susana, de 24. "He vivido y trabajado aquí toda la vida, y aún no sé lo que voy a hacer", se lamenta Miguel, mientras su madre cocina en un horno de leña la comida de los perros. "Desde los 10 años es agricultor, nos empeñamos para comprar la casa y los campos, y ahora nos echan", cuenta la anciana.

La rutina diaria de esta familia de agricultores empezó a resquebrajarse en junio del año pasado, cuando la Generalitat les comunicó que su casa y sus nueve hanegadas ocupaban el espacio destinado al nuevo hospital La Fe. Miguel Tomás firmó el acta de ocupación previa -"nos dijeron que con firma o sin ella nos iban a tirar"-, y cobró el depósito correspondiente y ayudas para pagar un alquiler, pero la familia rechazó las alternativas de realojo ofrecidas por la Generalitat. "Les pedimos que nos hicieran una casa cerca, yo hubiera pagado la diferencia", recuerda Miguel. Al recurrir la valoración definitiva, sólo ha cobrado el anticipo, y le cuesta aceptar que deberá salir hoy de su casa sin saber qué cobrará finalmente. "¿Por qué no pagan lo que vale ahora la tierra?", se pregunta el agricultor ante los altos precios que ofertan los constructores por hanegadas próximas a las suyas y fuera del ámbito público de La Fe. "Pagan una miseria, ya veré si con lo que piden ahora puedo comprar tierra en otro sitio", añade Miguel.

Los plazos para abandonar la casa se han agotado y una resolución judicial respalda el desalojo previa notificación. "Vinieron el lunes pasado con las máquinas, sin avisar", explica Miguel, que consiguió una prórroga hasta hoy para trasladarse a su nuevo piso, que aún no está terminado. "El constructor es comprensivo. Nos ha dicho que entremos y ya lo arreglaremos", añade Miguel. Se resiste a vender su jaca, que de momento dejará atada a un árbol, igual que a los perros.

Su hermana Carmen, abatida, aún no acepta que tendrá que irse: "Te rompen la vida. Pensé que al menos podríamos pasar aquí el verano. En el piso voy a sentirme encerrada como en una jaula". Paquita, hermana también, vive en Pinedo, pero su hija Susana decidió dedicarse al campo con sus tíos, y "ahora se quedará sin trabajo".

La sentencia del desalojo también pende sobre Vicenta Tomás Llavata, de 71 años (prima hermana de Miguel), y su marido, Manuel Raga, de 72. Su casa está a pocos pasos y ya ha recibido la visita de la policía. Vicenta explica, entre sollozos, que en los primeros planos del hospital su casa "se libraba". No quiere imaginar el día en que el reportaje fotográfico que ha hecho de su hogar, habitación por habitación, sea la única forma de mostrar la casa de toda su vida.

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Sobre la firma

Sara Velert
Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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